El Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social es un pilar de la democracia costarricense. Sobre él se apoya la esperanza de una vejez digna y, en esa medida, un importante elemento de nuestra paz social. No puede ser tomado a la ligera ni puede su administración faltar a la transparencia. La suficiencia de los fondos, las decisiones de inversión y la solidez de las proyecciones actuariales son temas de primordial interés público y en ninguna parte se justifica más el ejercicio de las funciones de control asignadas al Congreso. El tema es de política en el más grave sentido de la palabra.
En cuanto a la suficiencia de los fondos, las dudas se alimentan de la práctica de los dos últimos años. La Caja echó mano de los intereses generados por el fondo para pagar gastos corrientes, como los ¢28.294 millones destinados a los aguinaldos que se girarán a los jubilados el primero de diciembre. En el 2009, utilizó ¢6.000 millones para pagar pensiones. La Caja defiende la medida alegando que los intereses no pertenecen, “en un primer momento”, al fondo de pensiones, aunque con el tiempo los sobrantes pasan a engrosarlo. La explicación no satisface a la Superintendencia de Pensiones (Supen) y en la Presidencia de la República hay suficiente inquietud como para solicitar formalmente una explicación.
Las decisiones de inversión de la reserva también son objeto de cuestionamiento. Miguel Pacheco, gerente de pensiones, negó ante los diputados la existencia de gestiones para invertir los fondos en el extranjero y dijo que las reuniones sostenidas con representantes del Banco Mundial se limitaron a la discusión de temas relacionados con la capacitación de personal. La comisión legislativa encargada de investigar la sostenibilidad del régimen supo, poco después, de la existencia de un contrato modelo entre la Caja y el Banco Mundial al amparo del cual éste último administraría la inversión de una parte de la reserva. En las minutas de las reuniones se refleja, además, una discusión sobre los servicios que serían encomendados al banco.
La indignación por lo sucedido provocó una rara demostración de consenso entre los diputados, con la sola excepción de un legislador oficialista que ni siquiera llegó al punto de defender a la Caja. Se limitó a declarar que no recordaba “en detalle” si el gerente de pensiones dijo que las reuniones con personeros del Banco Mundial solo fueron para discutir iniciativas de capacitación.
La solidez de las proyecciones actuariales, por su parte, han sido objeto de una intensa discusión entre la Caja y la Supen. La primera garantiza la buena salud del régimen hasta el año 2037 y se apoya en un criterio emitido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La segunda considera la situación como mucho más precaria y señala que las proyecciones de la OIT parten de supuestos erróneos, como la sobreestimación del número de cotizantes este año (1.408.000 en lugar de 1.272.000, que es la cifra verdadera), la subestimación del número de pensionados (158.623 en lugar de los 170.257 realmente existentes) y el desfase entre los ingresos por cuotas esperados para este año (¢36.700 millones) y lo efectivamente recaudado (¢31.866 millones).
La Supen aprovecha la utilización de intereses para el pago de gastos corrientes con el objeto de señalar: “Lo que dicen iba a verse en el 2025, ocurre ya”. A estas alturas, insiste, las contribuciones no alcanzan para saldar los gastos. Según la Supen, la Caja tampoco ha sido diligente a la hora de ofrecer la información solicitada para evaluar el régimen.
La ciencia actuarial es compleja y no es fácil dirimir una discusión con posiciones tan encontradas, pero hay dos hechos incontrovertibles: la salud del régimen de pensiones es uno de los temas fundamentales de nuestro tiempo, aquí y en todo el mundo, y la administradora de ese régimen en Costa Rica le está debiendo a la transparencia. En buena hora el interés de la Presidencia de la República, la Supen y también del Congreso. Cada uno de esos actores y la propia Caja deben tener plena conciencia de que sus actuaciones en esta materia son para la historia.
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