EscucharCosta Rica no está sola ante el reto de mejorar la competitividad. Muchas naciones en el mundo, especialmente en Latinoamérica, enfrentan grandes escollos para mejorarla, pues afecta la productividad, las exportaciones y el crecimiento económico. Pero esa no debe ser una razón para ignorar el problema. Es urgente enfocar bien el tema y adoptar decisiones acertadas sobre la marcha.
El problema de la competitividad y las áreas que involucra ha sido bien definido por el Foro de Competitividad Global del Banco Mundial. Es el conjunto de instituciones, políticas y factores –dice– que determinan el nivel de productividad de un país. La clasificación de los países se calcula sobre 12 categorías: instituciones, infraestructuras, entorno macroeconómico, salud, educación y capacitación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación de las empresas e innovación. Es un menú muy amplio y técnicamente complejo, y nos vamos a referir únicamente a algunas de las categorías.
Nuestro país ha venido mejorando en el ranquin de competitividad global. De un total de 144 países, ostentábamos el puesto 61 en el 2011, pero subimos al 51 en el 2014. Entre los factores que explican el mejoramiento están el nivel educativo –uno de los mejores de la región, según el informe–, la adopción de tecnologías de la información y una capacidad bastante desarrollada para innovar. Pero hay factores que nos impiden mejorar más. Entre los principales se citan la burocracia, la deficiente infraestructura de transporte y el difícil acceso al sistema de crédito. El elevado déficit presupuestario es otra de las preocupaciones que restan competitividad.
Los problemas señalados por el Foro, al igual que otros identificados localmente, proporcionan un diagnóstico claro para proponer soluciones. El sector privado, por intermedio de la Uccaep, planteó un pliego de sugerencias y recomendaciones (decálogo) ante la entonces presidenta de la República, Laura Chinchilla, y lo reiteró al actual mandatario, Luis Guillermo Solís. Entre los principales desafíos señala la conveniencia de establecer una política de Estado sobre empleo y educación para alcanzar tasas de crecimiento (elevado y sostenido, agregamos nosotros) y generar mayores empleos, reformar la institucionalidad del mercado laboral (mayor flexibilidad en el Código de Trabajo), y replantear la educación técnica y especializada para que no esté divorciada del mercado laboral. Muy poco se ha avanzado en estos temas.
La Uccaep también planteó un tema estratégico recogido por el Banco Mundial, Cepal y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la necesidad de reducir los procesos y alivianar los trámites burocráticos, a fin de permitir a los operadores privados desenvolverse más rápidamente. Igualmente, plantea la necesidad de modernizar y ampliar la infraestructura pública –aspecto no novedoso, pero sobre el cual hay una deuda pendiente muy elevada–, abaratar el costo de la energía, sumamente elevado en Costa Rica, y mejorar el acceso al financiamiento a pequeñas y medianas empresas en cuanto a tasas de interés y plazos de financiamiento.
Sobre muchos de estos temas, sin embargo, hay planteamientos internacionales muy modernos que arrojan una nueva visión sobre los problemas de la competitividad. El BID acaba de publicar un interesante y comprensivo estudio intitulado “¿Cómo repensar el desarrollo productivo?”, con un análisis de las políticas e instituciones necesarias para la transformación económica. Incrementar la productividad está en el centro del crecimiento. El análisis parte de una premisa fundamental: después de un período de bonanza en la expansión real y reducción del desempleo, los países latinoamericanos han caído en una nueva etapa de moderado crecimiento debido a la baja expansión de los países desarrollados, la caída en los precios de los productos básicos, la recurrencia de los problemas fiscales, la reducción del empleo y el envejecimiento de la población. La única forma de crecer más aceleradamente es incrementar la productividad mediante una nueva política de desarrollo productivo. Pero no será fácil hacerlo.
Latinoamérica, incluyendo, desde luego, a Costa Rica, siempre tuvo una política industrial. Pero no siempre fue acertada. Se caracterizó por un alto proteccionismo y la influencia de grupos de interés para capitalizar, en beneficio propio, mayores tasas de rentabilidad por la insuficiente competencia internacional. Como consecuencia, la productividad (promedio) de la industria en la región (52%) ha sido menor que la prevaleciente en los países asiáticos (67%), comparada con la de Estados Unidos. ¿Qué hicieron ellos mejor que nosotros? Nos interesa destacar tres elementos: impulsaron la investigación y desarrollo para fomentar la innovación (muy pobre en nuestro medio), la protección se restringió al progreso individual en las exportaciones (no hubo una protección generalizada como en Latinoamérica) y el financiamiento era abundante, pero no implicaba subsidios en las tasas de interés, como hacen la mayoría de nuestros bancos de desarrollo.
Entre las conclusiones y recomendaciones, el estudio indica que es un error subsidiar indiscriminadamente a todas las pequeñas y medianas industrias con tratamientos fiscales y financieros especiales. El subsidio se debe otorgar solamente a aquellas que demuestren tener potencial para el crecimiento, de manera que puedan absorber la mano de obra disponible en los sectores anquilosados y menos eficientes. Puesto de otra forma, los recursos fiscales y financieros son escasos y no se deben derrochar con ineficaces políticas generalizadas. Si no, será más difícil abandonar el subdesarrollo.
Nuestro país debe tomar en consideración esas y otras políticas mencionadas en el estudio y en este editorial, con el fin de elaborar una buena política para incrementar la competitividad. La ocasión de hacerlo será muy propicia en el nuevo Consejo de Competitividad impulsado por el Gobierno y la Unión de Cámaras, que tomará en cuenta, entre otras cosas, el espinoso tema de la tramitología. Como dijo el ministro de Economía, Welmer Ramos, “Un Estado eficiente, que apunta a gobernar en transparencia, es uno que se aleja de la tramitología engorrosa para dar paso a procesos claros y ágiles, con lo que todos ganamos”.
