EscucharEl Ministerio de Comercio Exterior y el de Agricultura están enfrascados en un debate sobre los impedimentos puestos a la importación de determinados alimentos por razones fitosanitarias. Nadie discute la legitimidad de imponer prohibiciones de ingreso al país de productos peligrosos para la producción nacional, pero existe el riesgo de emplear las limitaciones como barreras no arancelarias al comercio internacional.
Dificultar la competencia de productos extranjeros mediante aranceles es un recurso restringido por los tratados comerciales suscritos entre Costa Rica y sus socios, pero es posible lograr los mismos resultados alegando riesgos para la sanidad animal o vegetal.
Por eso las limitaciones impuestas por razones fitosanitarias deben ser racionales y defendibles desde el punto de vista de la ciencia. Los importadores de aguacates mexicanos, por ejemplo, afirman que la suspensión de su actividad decretada por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) carece de sustento técnico.
Según los importadores, la enfermedad conocida como sunblotch , o mancha de sol, tiene un siglo de afectar a México, país que se ha convertido en nuestro principal suplidor y comenzó a conquistar el mercado costarricense hace 22 años. Pasadas más de dos décadas, el producto nacional no ha sufrido contaminación porque, según los quejosos, el mal afecta a la planta, no al fruto.
Los importadores acusan al SFE de no recabar estudios técnicos neutrales antes de adoptar la medida. El cargo resuena en las argumentaciones del Ministerio de Comercio Exterior, cuyo jerarca se pregunta si las autoridades fitosanitarias siguieron el debido proceso, lamenta la tardía notificación de la medida a la contraparte mexicana y echa de menos el respeto al derecho a la defensa, que le habría dado a México la oportunidad de hacer correcciones o presentar estudios técnicos.
Si los quejosos tuviesen razón, la medida contra la fruta mexicana sería una barrera no arancelaria inadmisible en el derecho internacional y podría acarrearle serias responsabilidades al país. Por otro lado, replantearía el debate sobre la afectación del consumidor para proteger al productor local.
Según la Cámara de Exportadores e Importadores de Productos Perecederos de Costa Rica, México envía 12.000 de las 15.000 toneladas de aguacate consumidas en nuestro país cada año. La producción nacional, por sí sola, no podría satisfacer la demanda y el precio se elevaría considerablemente.
Un dato revelador de las fuerzas que podrían estar en juego es la actitud asumida por las cámaras de los sectores involucrados: los importadores y los productores. Estos últimos, agrupados en la Alianza Nacional Agropecuaria, exigen mantener las medidas fitosanitarias. La justificación científica de la petición no está clara, pero si son obvias las razones de mercado y competencia.
En los últimos meses, las acciones del SFE han despertado similares polémicas por restringir la entrada a productos de origen animal procedentes de Chile, a papas de Canadá y Estados Unidos, y al pollo de estos dos últimos países. En el caso del arroz, estamos enfrentados con Argentina y Uruguay por la elevación de los aranceles, una medida muy distinta, con efectos similares.
Según Marco Cambronero, dirigente de los importadores, “la política del actual gobierno es frenar todo lo que sea importación para así impulsar la producción nacional, aunque la producción nacional no pueda dar abasto para satisfacer todas las necesidades del producto”. Si la afirmación resultara cierta, las repercusiones para el país podrían ser graves.
La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) se suma a las preocupaciones y manifiesta “el enorme malestar” del sector porque “la limitación a la importación de materias primas clave, como la carne de cerdo, encarece los alimentos, disminuye la competitividad internacional y destruye la capacidad de crear valor agregado y empleo”.
La industria protesta por la tendencia a impedir la importación “bajo la falsa y ofensiva idea de que se vulnera la salud pública” y rechaza las pretensiones de quienes “encuentran en el proteccionismo y el cierre de fronteras la solución a sus problemas particulares” en detrimento del interés público.
Por último, hace un llamado a las instituciones encargadas de administrar el comercio para que “actúen de manera transparente, con completo apego a la ciencia, al marco normativo, a la administración de los riesgos de manera técnica y objetiva, a la defensa de la seguridad jurídica y respeto a los acuerdos internacionales” porque “es totalmente censurable que actúen según intereses particulares, sesgos políticos e ideológicos o al son de los reclamos de los grupos de presión”.
El resguardo de la sanidad vegetal y pecuaria es un derecho indiscutible de toda nación, pero el abuso de ese derecho para limitar la competencia abierta por los convenios internacionales es un juego censurable. Los países afectados ya comienzan a reaccionar. Es importante dar seguimiento al desenlace de los casos planteados y los que puedan presentarse en el futuro para saber si las razones esgrimidas por el SFE resisten la confrontación crítica.
