La oferta de cambiar la forma de hacer política, tan reiterada en el curso de la campaña electoral, está lejos de ser cumplida, pero la complacencia demostrada el lunes frente a poderosos intereses autobuseros figura entre los mejores ejemplos de la promesa olvidada. Si hubiera duda, basta con fijar la vista en los aplausos provenientes de la fracción del Partido Liberación Nacional, tan poco habituado a elogiar las actuaciones del presidente de la República y tan identificado, por el propio mandatario, como genio y figura de la política tradicional, ayer denunciada y hoy practicada sin reservas.
El viceministro Sebastián Urbina se tomó en serio la idea de ordenar el transporte público. Impulsó la sectorización para reducir el congestionamiento y la cantidad de autobuses en las calles de la capital. Con eso también se recortarían las flotillas y, posiblemente, las tarifas. Los empresarios del sector no se lo van a permitir y conocen los mecanismos de la política tradicional aptos para ganar el pulso.
Urbina también aboga por el cobro electrónico. El sistema despejaría las dudas sobre la cantidad de pasajeros movilizados y el número de carreras necesarias para mantener el servicio. Habría una medición objetiva para la fijación de tarifas, en lugar de los informes de demanda rendidos por las propias empresas de transporte, pero la política tradicional no permitirá semejante desafuero.
Urbina fue separado de ambos proyectos por el presidente, Luis Guillermo Solís, luego de un par de visitas de las cámaras de autobuseros, cuyas inquietudes también fueron planteadas a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en compañía del diputado Gerardo Vargas, del Frente Amplio, quien asegura haberse presentado a la cita, junto con los empresarios, para defender a los usuarios.
Ante la separación de Urbina, Vargas comentó que si el presidente lo hizo a un lado (a insistencia de los empresarios) pensando en los usuarios, “la decisión es la correcta”. Por coincidencia, las quejas transmitidas a la Aresep por los autobuseros cercanos al diputado guardan mucha relación con los informes utilizados para justificar las tarifas. Ese debate quedaría superado con el cobro electrónico impulsado por Urbina.
A fin de cuentas, el legislador frenteamplista parece creer que los empresarios empeñados en obstaculizar la sectorización y la fiscalización de la demanda actúan en defensa del usuario. Para proteger al pueblo, los autobuseros necesitan defenestrar a Urbina, el valiente joven funcionario decidido a enfrentar tan formidables intereses y, ahora, a punto de pagar el precio.
Poco aprendió Urbina de la nueva Aresep, calladita frente a los llamados a correr el flamante modelo tarifario, como lo piden los usuarios de Hatillo y Alajuelita, con los hallazgos del Programa de Desarrollo Urbano Sostenible (Produs) de la Universidad de Costa Rica. La investigación fue ejecutada a petición de la propia Aresep y con cargo a sus arcas. Los expertos encontraron diferencias hasta del 28% entre la cantidad de pasajeros constatados y el promedio reportado por varias empresas en el 2014. El ensayo del nuevo modelo daría una idea de las tarifas posibles y quizá provoque algún sonrojo, pero los usuarios no fueron invitados a las reuniones organizadas por el exjefe de fracción del Frente Amplio. Bastaba la presencia de los autobuseros para garantizar la defensa de los intereses de la población, tan bien protegidos ahora por la remoción de Urbina.
Mal haríamos si omitiéramos señalar una realidad evidente: la política “tradicional” no es responsable de tantos sinsentidos, salvo que con el término se pretenda designar a lo peor de la política.
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