El corredor vial San José-Cartago es un proyecto de gran importancia para el desarrollo económico de la provincia y la zona sur. Además, constituye una conexión estratégica con Limón. Actualmente, es necesario invertir largas horas para transitar alrededor de 20 kilómetros y las empresas nacionales y extranjeras encuentran cada vez más complicado instalarse en Cartago debido a las inadecuadas condiciones logísticas. Asimismo, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica ha señalado en reiterados informes la incapacidad de la vía para brindar un servicio adecuado y ha advertido sobre el mal estado de puentes y pasos a desnivel. A pesar de todo eso, el proyecto continúa navegando en un mar de incertidumbre, con la misma suerte de otras obras estratégicas como San José-San Ramón, la ruta 32 o la ampliación de la carretera San José-Caldera.
Este 14 de setiembre se cumple un año de la firma, por el presidente de la República, de la Ley 9397 para el desarrollo de la carretera San José-Cartago. La legislación fue anunciada como el banderazo de salida de la obra, pero las expectativas generadas no concuerdan con la realidad de un proyecto que ni siquiera avanza en las actividades preparatorias para hacerlo técnica y financieramente viable. Poco o nada se conoce sobre el costo de la inversión inicial, las fuentes de financiamiento, el modelo de gestión, la tarifa de peaje o el avance de las expropiaciones. También es incierta la disponibilidad de recursos para la construcción de ese corto tramo. Lo único materializado es la aprobación legislativa del traspaso de cuatro terrenos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo al Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Es preciso preguntarse qué sucedió con la propuesta planteada por el Instituto Nacional de Seguros (INS) y anunciada por el gobierno en junio del 2016. Ese planteamiento contemplaba la actualización de los estudios de factibilidad, los recursos para las expropiaciones entre Hacienda Vieja y Garantías Sociales y los estudios para seleccionar el modelo óptimo de financiamiento y gestión (incluida la concesión). Esta fase de preinversión se estimaba en aproximadamente $50 millones y el financiamiento provendría de una captación en el mercado de valores, garantizada por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que se pagaría una vez adjudicado el proyecto.
La propuesta fue aprobada por el Conavi en noviembre del 2016 (Sesión 1361-16). La misma institución aprobó iniciar la contratación directa del INS en enero del 2017 (Sesión 1378-17). El presidente de la República, en su discurso del 1.° de mayo del 2017, reiteró que el proyecto se desarrollaría de la mano del INS. Sin embargo, esa iniciativa parece haber quedado en el olvido y hace falta una explicación por respeto a la transparencia en la toma de decisiones.
La carretera San José-Cartago corre el riesgo de convertirse en una nueva versión de las promesas incumplidas a la sombra de la figura de un fideicomiso donde no se tiene claridad sobre quién aportará los recursos de las etapas preparatorias, quién asumirá los riesgos del proyecto y quién aportará el capital de riesgo para la construcción, mantenimiento y operación. San José-Cartago se suma a la lista de obras que no ven la luz producto del menosprecio por las fases de preinversión, el dogma ideológico contra figuras de inversión privada y el espejismo creado por la convicción de que la aprobación de una ley garantiza el desarrollo de un proyecto. El país requiere de seriedad y, sobre todo, de toma de decisiones en materia de infraestructura. Debemos pasar de la generación de expectativas a las soluciones concretas.
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