Para verdades…

Maynor Sterling, entonces tesorero del partido, y Manuel Antonio Bolaños, empleado de la agrupación, fueron condenados a seis y tres años de prisión, respectivamente, por el pretendido pago de ¢353 millones a personas que en realidad trabajaron voluntariamente o del todo no brindaron servicios. La suma corresponde a los 179 contratos presentados al Tribunal Supremo de Elecciones cuyos firmantes pudieron ser entrevistados para comprobar que no recibieron pago alguno.

Hay otros 84 documentos que no fueron tomados en cuenta porque no se logró interrogar a los involucrados. La estafa ascendería a ¢516 millones si se constatara el engaño en esos casos y, según la apelación planteada por la Procuraduría General de la República, el partido debe ser condenado a pagar los ¢163 millones adicionales porque los contratos restantes son exactamente iguales.

La estafa se perpetró para llenar las arcas de la agrupación política, pero solo hay dos condenados. El PAC, como partido, también fue sentenciado a responder de forma solidaria por los fondos públicos salidos del Tribunal Supremo de Elecciones.

Tan inquietante como la condena y la constatación de la hipocresía de los autores del ilícito es la actitud del partido una vez concluido el juicio. El Ministerio Público solicitó al Tribunal Penal de San José iniciar una investigación para establecer si la jefa de fracción Laura Garro incurrió en falso testimonio durante el procedimiento. Pese a la seriedad de la petición, el PAC, intolerante frente a los cuestionamientos contra terceros, decidió mantener a la diputada al frente de la bancada legislativa.

Más extraordinario aún fue el intento de pagar la condena económica con fondos públicos. El partido de la ética fue condenado a responder por una estafa contra el erario y pretende cumplir la sentencia con fondos del mismo erario. El 25 de enero, sin ruborizarse, el partido solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones reservar, de los fondos destinados a capacitación y organización, los ¢353 millones necesarios para pagar la condena. La gestión fue rápidamente rechazada, pero el intento lo dice todo.

El dinero de la deuda política es una contribución estatal al desarrollo de las actividades de los partidos, no un dinero al cual se tiene derecho para gastarlo discrecionalmente. El PAC no parece comprenderlo. Eso pone en un entredicho todavía mayor el compromiso con la ética y el discurso sobre el manejo escrupuloso de los fondos públicos, que tienen destinos bien definidos, de los cuales no deben desviarse.

Ahora, el PAC comunicó al país su decisión de no apelar la condena, pero solo lo hizo después de sentir el rechazo por la revelación del intento de pagar la condena con fondos públicos. La renuncia a la apelación se hace con cierto tono de mea culpa, con énfasis en el “juicio justo” proporcionado por los tribunales costarricenses, pero también con la admisión de que no hay elementos para plantear una apelación. Es decir, la derrota en segunda instancia es más que probable.

En el 2012, cuando el caso de los contratos se encaminaba al Ministerio Público, el PAC era menos consciente de sus responsabilidades en el caso. Margarita Bolaños, actual presidenta de la agrupación y entonces secretaria general, intentó dar crédito a los contratos negando la existencia del voluntariado en el PAC, que siempre se había vanagloriado de la mística de sus militantes. “¿Cuál voluntariado? Uno no trabaja voluntariamente. Les dijimos: trabajen y, si podemos pagarles, les pagamos”, afirmó.

El 24 de octubre del 2012 un editorial de La Nación se refirió a esa declaración: “la afirmación es contradictoria en sí misma. Según la secretaria general, nadie trabaja voluntariamente, pero el PAC encuentra legiones dispuestas a hacerlo por la promesa de ‘si podemos pagarles, les pagamos’”. Para verdades, el tiempo.