Los interesados en tener oficiales armados deberán presentar, en un plazo de tres meses, un estudio técnico para justificar las licencias

 15 septiembre, 2016

El líder de una banda de asaltantes de bancos detenida en Río Frío de Sarapiquí trabajó para empresas de seguridad privada y llegó a ocupar en ellas cargos gerenciales. También tiene antecedentes por portación ilegal de armas. Según la Policía, el ataque contra el Banco Nacional en la zona, de donde los delincuentes sustrajeron ¢80 millones, no es su única fechoría. El asalto dejó a dos personas heridas.

Los vigilantes privados inscritos, sumados a los informales, cuando menos triplican el número de guardias civiles al servicio del Ministerio de Seguridad. Es un verdadero ejército sobre el cual no es fácil ejercer control y la historia registra varios antecedentes de vigilantes involucrados en actividades delictivas.

En el 2012, la contratación de una agencia de seguridad se transformó en una pesadilla para los vecinos de un residencial en Curridabat, que se vieron obligados a denunciar maltratos y prácticas abusivas, como obligar a las visitas a bajar del auto para registrarlas, además de golpes e injustificados disparos al aire. Quienes rechazaban los servicios, encontraban sus casas marcadas con la leyenda “Aquí no protegemos”. Pasados unos meses, cuatro de esas viviendas fueron violadas en un solo día. El director de la empresa tenía varias causas por amenazas, coacción y lesiones. Había sido sentenciado a ocho años de cárcel por robo. Uno de los vigilantes también tenía antecedentes por agresión con arma, venta de drogas, robo de autos y amenazas.

Los servicios de seguridad contratados en bares están entre los más denunciados por hechos violentos. El mes pasado agentes de uno de esos servicios protagonizaron una balacera en pleno paseo Colón, con armas de grueso calibre, disparadas desde el interior de un bar hacia la acera.

La supervisión de las agencias de seguridad inscritas se hace indispensable. Sin embargo, no es tarea fácil. Muchas no se preocupan por tener sus papeles al día. Como no renuevan las licencias, las autoridades pierden la posibilidad de revisar los antecedentes del personal contratado. Tampoco es fácil seguirles el rastro cuando cambian de domicilio, aunque la ley les obliga a informar del traslado.

Para las autoridades también es una pesadilla dar seguimiento a las armas inscritas por los servicios de vigilancia. Antes del 2013, 707 empresas cuya localización se ha vuelto imposible inscribieron 7.070 armas ante el Ministerio de Seguridad Pública. Con el tiempo, las compañías desaparecieron y también el armamento. La Dirección de Servicios de Seguridad Privada se esfuerza por encontrarlas. En conjunto con la Dirección de Armamento, los encargados de la vigilancia privada hallaron razones para denunciar ante el Ministerio Público a los encargados de 280 de las 707 empresas desaparecidas. El resto podría sufrir la misma suerte cuando concluya la investigación. En total, hay 30.292 armas inscritas.

Frente al caos, el Ministerio de Seguridad Pública puso en vigor, este mes, nuevas regulaciones para limitar la tenencia y portación de armas dedicadas a la vigilancia privada. Las únicas firmas autorizadas son las de custodia y transporte de valores y mercancías. Los guardaespaldas también tendrán permiso. Los centros comerciales, condominios y otras instalaciones interesadas en tener oficiales armados deberán presentar, en un plazo de tres meses, un estudio técnico para justificar las licencias. El informe debe ser elaborado por un criminólogo o un profesional acreditado en materia de seguridad.

Las nuevas regulaciones son bienvenidas, pero su importancia depende de la voluntad y capacidad de las autoridades para darles vigencia práctica. Hasta ahora, demasiadas empresas lograron evadir las disposiciones existentes, cuya aplicación también es necesaria para asegurar el correcto funcionamiento del servicio.