Mal cálculo en mantenimiento de vías

Las rutas nacionales no se han recuperado de dos años sin mantenimiento, producto de la estrechez fiscal y las secuelas del escándalo Cochinilla. A principios del 2023 se previó una inversión de ¢97.000 millones a lo largo de dos años. Los contratos fueron adjudicados, pero los recursos girados quedaron “muy por debajo de los compromisos contractuales”, según la Gerencia de Conservación.

Ningún momento es bueno para quedar sin presupuesto de mantenimiento, pero el comienzo del invierno incrementa el deterioro, especialmente de la infraestructura debilitada por falta de reparaciones. El problema subsistirá a lo largo del invierno si no prosperan las gestiones del Conavi ante el Ministerio de Hacienda para financiar los contratos de mantenimiento durante los próximos cuatro meses. Las notificaciones enviadas a las empresas contratadas les informan sobre la suspensión de las obras hasta enero.

Los meteorólogos pronostican sequías en el Pacífico norte y central a consecuencia del fenómeno de El Niño, pero también violentos aguaceros en otras regiones. Terminado el invierno, la reparación de daños será mucho más onerosa. Según el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica, cada dólar no invertido en mantener los pavimentos se puede convertir en un gasto de entre $7 y $10 cuando se impone reconstruir o reparar daños mayores.

El Conavi reservó recursos para setiembre y octubre, cuando las lluvias son más violentas y también las rupturas y deslizamientos. En zonas donde ya ejecutó la mayor parte del presupuesto, detuvo las obras de mantenimiento para dedicar el dinero restante a los imprevistos, pero las limitaciones son serias. La institución habla de reservar un 5 % de los recursos con que cuenta para encarar las inevitables emergencias.

Las autoridades no han explicado todavía los cálculos aplicados para comprometer sumas tan superiores a las disponibles y tampoco las posibles consecuencias de suspender los contratos. El artículo 282 de la Ley de Contratación Pública lo permite por motivos de fuerza mayor o caso fortuito. Cuando se presentan razones de interés público, institucional o causas imprevistas o imprevisibles en la contratación, la Administración puede suspender la ejecución del contrato hasta por seis meses.

Esa norma fue citada como fundamento de las notificaciones de suspensión de las obras, pero es difícil entender la falta de presupuesto como un factor impredecible. “Se ha indicado por parte de la Gerencia que a la presente figura contractual no se le asignarán recursos adicionales. Se procede a emitir la actual suspensión de labores, en función de que los recursos disponibles que fueron asignados a esta región de conservación vial ya fueron ejecutados para el presente período presupuestario”, dice la notificación enviada a una de las empresas.

¿Cómo se estimó, entonces, el monto de los contratos y el costo de las obras por ejecutar?¿Con qué base se hicieron los cálculos de los recursos disponibles? Hay un claro error de presupuesto en lo sucedido. Las carreras del Conavi para conseguir más dinero en Hacienda lo demuestran con toda claridad. Explicar las razones del mal cálculo y las medidas de rectificación contribuiría a conocer las dimensiones del problema.