Cada hora, la Fuerza Pública detiene a un agresor por algún tipo de violencia contra la mujer. La población femenina tiene seis veces más posibilidades de sufrir maltrato que la masculina, en Costa Rica, lo cual se ha hecho evidente en las últimas semanas. La prensa ha cubierto notorios casos de acoso callejero, hostigamiento laboral, abuso sexual y denuncias de ataques que, sin llegar al intento de homicidio o a su realización, son manifestaciones del machismo enfermizo que padece la sociedad en su conjunto.
Como apunta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en una de sus resoluciones: “La violencia contra la mujer es un drama con varias dimensiones y expresiones. Es, sin duda, una de las manifestaciones persistentes de discriminación más extendidas en el mundo, que se refleja en un abanico que va desde expresiones sutiles y veladas hasta situaciones cruentas y violentas”.
Durante el primer semestre del año se produjeron en el país 11 feminicidios, lo que corresponde al 55% de las fallecidas en este periodo. Si la tendencia continúa del mismo modo, igualará la cifra del año anterior, que contabilizó 22 asesinatos por razones de género. Esta cantidad, aún muy alta, confirma la importancia vital de mejorar un sistema preventivo que evite que las mujeres que sufren abuso o estén en peligro experimenten daños mayores y engrosen la estadística de las víctimas mortales.
Los feminicidios descendieron en promedio un 50%, en los últimos tres años, si se comparan con el récord de 42 muertes, en el 2011. La reducción no es desdeñable, pero sí insuficiente. Es el resultado de la atención y apoyo brindado a las mujeres nicaragüenses, al ser el grupo más vulnerable, y a un mejor cumplimiento de las medidas judiciales de protección.
Según el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), las medidas cautelares benefician cada año a 45.000 posibles víctimas. Esto nos da una idea de que la violencia, profundamente encarnada en lo peor de la cultura patriarcal, no ha cedido, sino que asume nuevas formas de hostigamiento. Esta violencia desenfrenada pervierte las relaciones entre hombres y mujeres y las anula hasta convertirlas en un burdo mecanismo de dominación, que se disfraza bajo estereotipos inaceptables como celos, deseos de protección, crimen pasional, alcohol, provocación femenina o inseguridad en los lugares públicos, como lo demuestra el caso de Gerardo Cruz, quien grabó con su teléfono móvil a un supuesto acosador callejero.
Los 10.000 agresores aprehendidos el año pasado y las 70.000 llamadas por violencia doméstica que recibe la Fuerza Pública, hablan de la verdadera dimensión del problema. Si el sistema preventivo funcionara, no debería haber feminicidios, pero estos son el aspecto extremo de un fenómeno mucho mayor, que debe despertar a la ciudadanía sobre la importancia de denunciar y al Estado sobre la responsabilidad de atender el clamor popular, y romper “el patrón general de negligencia y falta de efectividad para procesar y condenar a los agresores”, como dice la Corte-IDH.
Las denuncias, que son cada vez más frecuentes, y la ola de indignación que causó el caso de Gerardo Cruz hablan de una sociedad que no desea seguir jugando el papel de cómplice pasivo o de mártir. Como advierte Ana Hidalgo, del Inamu, una ciudadanía que pierde el miedo a denunciar “emite el mensaje de que la conducta del agresor es punible”.
Corresponde entonces al Estado combatir la impunidad y asegurarse de que los mecanismos de protección y de prevención, vitales para las mujeres en situación de riesgo, se cumplan.
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