Llamado a la reforma

“No se ha tocado el asunto de la eficiencia y el modelo del Estado”, declaró la Contralora a manera de introducción para luego desmenuzar la afirmación con una comprensión del detalle que solo está al alcance de quien domina el panorama general. Su primera preocupación es el desencuentro entre los planes y objetivos del Estado y el personal disponible para ejecutarlo.

En muchas ocasiones –señala– hay buena planificación y disponibilidad de recursos económicos, pero falta la capacidad de ejecución. “Creemos que solo se trata de dar recursos para seguridad pero, finalmente, para vestir y armar a un policía se requiere de una estructura capaz de ejecutar esos recursos”.

A muchos sorprenderá saber que semejante estructura no existe en buena parte del aparato estatal, pero la Contralora advierte el problema y llama a resolverlo, pese a los riesgos implícitos en la confrontación con sectores opuestos al cambio. La funcionaria aboga por una reforma del empleo público y confía en su impacto favorable sobre “la mayor parte de los problemas”. La reforma tendría por objetivo el reclutamiento y conservación del personal idóneo, alineado con los objetivos de la institución y estimulado por un sistema de incentivos acorde con esos fines.

A fuerza de demagogia y actitudes complacientes para con los grupos de presión, el Estado costarricense desarrolló incentivos automáticos y, en algunos casos, perversos, cuyo impacto se nota en las finanzas públicas, pero no en los resultados de la gestión. Por eso, el Gobierno no puede pensar en hacerse un patrono más atractivo mediante la nivelación de los salarios de 6.000 profesionales, sin terminar afectando las remuneraciones de más de 96.000 funcionarios, como sucedió en los últimos años, con graves consecuencias fiscales.

Para la Contralora, es preciso comenzar por adjudicar las nuevas plazas conforme a otras reglas y modificar los incentivos para alinearlos con los fines de la institución y el cumplimiento de sus metas. El concepto parte de nociones básicas de la buena gerencia moderna y se aplica con éxito, desde hace muchos años, en la empresa privada, pero los supuestos defensores del Estado y su rol en la sociedad han sido omisos a la hora de procurarle esa ventaja.

Entendido como proveedor de empleo y centro de repartición de privilegios, el Estado se debilita y conduce a desenlaces como el visualizado por la Contralora: la confrontación con una ciudadanía cuyo nivel de insatisfacción se transforme en vehemente reclamo.

La Contralora también formula críticas a la estructura del Estado y lo acusa de dispersión merced a una desconcentración cuyo producto es precisamente una multiplicidad de burocracias con duplicación de funciones.

El prurito de la descentralización sin atención alguna a las características del país y el desarrollo de sus instituciones tuvo un reciente y peligroso repunte con el fracasado plan de traslado de recursos y competencias a las municipalidades.

La tendencia sigue dando señales de vida. Por eso no está de más el llamado a revisarla.

Tampoco escapan al ojo contralor las deficiencias más cercanas a casa. Los controles de la acción estatal no están bien diseñados y muchos de ellos se convierten en un fin en sí mismos. “La clave es tener el control donde sea favorable la relación costo-beneficio, y no solo una serie de pasos que no son controles sino caldo de cultivo para' la corrupción”.

La reforma del empleo público, el alineamiento de sus políticas con los objetivos institucionales, la simplificación del aparato estatal para eliminar duplicidad de funciones y la agilización de los procesos mediante la racionalización de los controles, en conjunto, constituyen un programa de reforma que el país todavía está a tiempo de emprender en busca de indudables beneficios a mediano plazo.