EscucharEl deterioro de las finanzas públicas es alarmante y el gobierno no muestra voluntad para enfrentarlo. Clama por nuevos impuestos, suficientes para financiar el resto del período presidencial, pero inútiles a mediano plazo si no se encuentra remedio para los disparadores del gasto público, cuyo crecimiento la administración más bien estimula.
El Partido Liberación Nacional, lejos de reconocer su enorme responsabilidad histórica en la arquitectura del sistema de privilegios e irresponsabilidad fiscal, se suma calladamente a los excesos, sea por un festivo cálculo político, por el desarreglo de sus filas tras el trauma de su derrota o para seguir los extraños e inverosímiles llamados de su presidente, José María Figueres, a adoptar posiciones de “izquierda”.
Luego del aspaviento inicial, los liberacionistas pactaron la aprobación del presupuesto nacional a cambio de una promesa de mínimos recortes, de entre ¢41.000 millones y ¢48.000 millones, ¢2.000 millones de ellos recortados de inmediato y el resto se ejecutarán mediante dos presupuestos extraordinarios en el 2016. Hubo cuidado de evitar la discusión de los disparadores del gasto y el análisis serio de las partidas incorporadas al plan de gastos.
La fracción liberacionista más bien presumió, en un comunicado de prensa, de su respaldo al gasto en las universidades públicas, donde los excesos son de todos conocidos. En el comunicado, la bancada verdiblanca se atribuyó la decisión “de defender íntegramente el presupuesto presentado para el Fondo Especial de Educación Superior (FEES)”.
La reforma a la ley de “enganche” médico, a cuyo tenor los aumentos concedidos a los empleados del Gobierno Central benefician, en el mismo porcentaje y de forma automática a los profesionales en salud, fue derrotada por una alianza de legisladores del PLN, el Frente Amplio y el partido de gobierno. El “enganche” impide mejorar los salarios de quienes menos ganan en el empleo público para no afectar las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Es una ley diseñada para ampliar las brechas sociales, no para garantizar a los profesionales de la salud un salario adecuado. Un aumento de ¢40.000 para un conserje del Gobierno Central puede traducirse en ¢200.000, cuando menos, para un médico, pero el PLN decidió aceptar la tesis de la Casa Presidencial sobre la suficiencia de un decreto para frenar el abuso, instituido con rango de ley.
Los liberacionistas dieron también la lucha, en medio de nuestra grave situación fiscal, para trasladar parte del impuesto a los combustibles a las municipalidades. La intención es encargarles el mantenimiento de la red vial cantonal, pero el hueco creado en las finanzas públicas se rellenará con más endeudamiento y acrecentará el déficit fiscal.
Hay en el PLN diputados distinguidos por su coherencia y comprometidos con las reformas necesarias para devolver al país la salud fiscal. Sin embargo, el resultado general del desempeño de la fracción en los últimos meses es lamentable y parece guiado por una lectura equivocada de la realidad nacional.
La incoherencia del PLN reviste particular importancia por tratarse del mayor partido de oposición, en un momento de evidente desconcierto nacional y de rumbo incierto para los asuntos públicos. Otras fracciones, más fieles a la prédica llegada la hora de la práctica, carecen del número de diputados necesarios para ser determinantes cuando los opositores más numerosos se pliegan a iniciativas mal concebidas. Así sucedió con el proyecto de “desenganche” médico planteado por el legislador cartaginés Mario Redondo, cuya fracción unipersonal es una de las más activas del Congreso.
