EscucharLa representante de Naciones Unidas en Costa Rica, Yoriko Kasukawa, al despedirse del país, donde permaneció tres años, hizo un respetuoso llamado a superar la tendencia a ideologizar cualquier debate sobre el desarrollo, cuando deberíamos concentrarnos en las metas nacionales, no en las diferencias políticas, y sugirió “ajustar la carpintería” de los programas sociales haciendo más ágil y eficiente la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
Las palabras de la funcionaria son pertinentes en ambos aspectos. Un buen ejemplo del primero es la discusión sobre el plan fiscal y el empleo público, de lo cual se ha hablado y se hablará extensamente en el transcurso del año. En cuanto al segundo, Costa Rica es el país latinoamericano con mayor inversión social, pero este rubro, un 2,5% del producto interno bruto (PIB) en aportes directos, se diluye debido a la dispersión y duplicación de esfuerzos, clientelismo y filtraciones. Una cuarta parte de los beneficiarios no requiere la ayuda que recibe, calculada en ¢147.000 millones que podrían destinarse a los grupos más necesitados.
En las cinco administraciones anteriores se crearon cuatro instituciones y ocho planes “estrella” –como los llama el Estado de la Nación– con este propósito, sin que tengan coherencia entre sí ni formen parte de una política claramente definida y coordinada. A lo largo de este período de 20 años, durante el cual la pobreza se ha mantenido estancada en un 20%, se ha aplazado la esperada reforma del sector social y los proyectos, planes y entidades se han ido superponiendo sin alineación estratégica, aumentando el gasto estatal y alejándose de sus fines.
Ningún gobierno se ha preocupado por cuantificar los resultados de las iniciativas aisladas, por medio de una estricta rendición de cuentas, ni por mejorar la administración de los recursos de cara a los objetivos propuestos. Probablemente esto no se ha hecho porque no es muy atractivo como tema de campaña ni genera votos. También se corre el riesgo de reconocer los aciertos del mandatario anterior.
La administración Solís hizo lo propio y lanzó el proyecto Puente al desarrollo. Estrategia nacional para la reducción de la pobreza , con el que espera erradicar la mitad de la pobreza extrema para el 2018. Este plan “estrella” al menos aporta tres novedades: se basa en el índice multidimensional de la Universidad de Oxford para medir la población meta, emplea el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (Sinrube) y modifica el enfoque, que deja de ser asistencialista para centrarse en capacidades laborales y oportunidades de empleo.
Sin ánimo de estimular el escepticismo, que ya corre vigorosamente en amplios sectores de la sociedad, los desafíos que enfrenta la administración Solís en esta área son cuantiosos y es difícil que pueda encararlos con un plan más, si deja el sector tal como está. Un buen ejemplo de ello son las dificultades que ha atravesado la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil de la administración Chinchilla, a pesar de contar con el respaldo de una ley específica.
El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), que destina el 87% de su presupuesto a programas asistenciales, admitió que desconoce la condición del 75% de sus beneficiarios y que estos crecieron un 20% en los últimos cinco años. El ministro de Desarrollo Humano, Carlos Alvarado, lo atribuye al “crecimiento vegetativo de la población (que) hace que sean más personas en pobreza (…) acercándose a la institución y a las que se les ayuda”.
Es decir, la cobertura y eficiencia del principal programa asistencial del Estado no han mejorado sino que ha aumentado la cantidad de personas en pobreza. Y con ellos, probablemente, también las distorsiones. Por lo tanto, con “Puente al desarrollo” o sin él, la administración Solís no puede dilatar la definición de una política social que, entre otros objetivos, evite las filtraciones y oriente los recursos hacia sus verdaderos destinatarios.
“Puente al desarrollo” puede ser un punto de partida hacia la formulación de una estrategia que articule la inversión social pública, el crecimiento económico y la política de empleo. Esta meta, central en toda iniciativa contra la pobreza y la desigualdad, no podrá alcanzarse si no se reforma la institucionalidad y se le aplican correctivos que mejoren el gasto y pongan en marcha la rendición de cuentas.
El plan “estrella” de la administración Solís incluye aspectos que se han desdeñado por décadas, como un registro confiable de beneficiarios y una medición precisa de la población meta, por medio del índice multidimensional de pobreza, pero también entraña desafíos que exceden el marco estrecho del IMAS y que necesariamente pasan por una política de Estado consistente y bien articulada.
