La basura, un problema que se acumula

La ley 8839 le otorga potestades al Ministerio de Salud como ente rector del área y estipula que las municipalidades tienen entre sus obligaciones la recolección selectiva, el reciclaje y las buenas prácticas ambientales. A pesar de eso, no crea mecanismos de seguimiento y evaluación de las políticas propuestas. Tampoco traslada recursos financieros y administrativos a los gobiernos locales para la adecuada ejecución de los programas.

Aunque solo una cuarta parte de los municipios no ha entregado el plan de tratamiento de residuos al Ministerio de Salud, como lo exige la normativa, este procedimiento no pasa de ser un mero trámite porque no existe ninguna posibilidad de comprobar su efectiva realización. El aspecto ambiental es el que presenta una calificación más baja en el “Índice de gestión municipal”, que elabora la Contraloría General de la República.

La basura no es un problema exclusivo de Costa Rica, sino de toda Latinoamérica, donde cada habitante produce un promedio de 230 kilos de desechos al año. La transición entre el botadero a cielo abierto, invadido de buzos y de moscas, y el relleno sanitario ha tardado décadas y aún está en proceso.

En nuestro caso, la falta de voluntad política y de cultura del reciclaje entra en flagrante contradicción con un estilo de desarrollo que se pretende “verde” . El cambio a una mentalidad de reutilización es incipiente, especialmente en los sectores industriales y municipales. Las iniciativas ciudadanas son escasas y aisladas, y no existen programas de educación ambiental encaminados a la recuperación de los desechos.

San José, Desamparados y Alajuela son los mayores productores de basura de la GAM, pero solo reciclan un 1%. Más de la mitad de las municipalidades del país desaprovecha del todo sus residuos, desperdicia las iniciativas comunales de separación o carece de centros de acopio. En conjunto, los gobiernos locales recuperan apenas un 2% de lo recolectado, y el promedio nacional se ignora, aunque se calcula entre un 10% y un 20%.

Las razones que explican este letargo, ante un problema que está a punto de desbordarnos y que podría ser una importante fuente de ingresos, van desde el financiamiento hasta la ausencia de alternativas tecnológicas. Los principales actores involucrados y expertos ambientales coinciden en que se trata de un tema nacional, no exclusivamente local, y que “no existe, ni de forma ni de fondo, un proyecto país, una política institucionalizada, jerarquizada, ordenada ni eficiente en materia de manejo de residuos sólidos”, como explicó Luis Antonio Barrantes, de la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela (Fedoma).

Para el 2020, la GAM podría ver reducida en forma drástica la vida útil de sus rellenos sanitarios. Algunos de ellos están al límite de su capacidad –como San Ramón– o la agotarán entre el 2018 y el 2020 –Cartago y La Carpio-Uruca–. Aunque las plantas de El Huaso (Aserrí) y Montes de Oro (Puntarenas) tengan mayor potencial, y estén en trámite otros sitios en Alajuela y San José, este modelo es costoso e ineficiente y desestimula el manejo integral de los residuos sólidos y vertidos. El país, si quiere ser ecológicamente sostenible, debe encaminarse hacia la reducción de su huella ecológica y apostar por las “tres R”: reducción, reutilización y reciclaje. Y debe hacerlo en la realidad, no solo en el papel.

La Administración Solís rechazó la generación de electricidad a partir de la quema de basura, aduciendo que entra en contradicción con la ley 8839. La moratoria a la incineración de desechos, como otras que se han dictado en el pasado, no resuelve los problemas de fondo, sino que los aplaza. Mientras tanto, los residuos y las consecuencias que generan siguen acumulándose.

El diagnóstico que se realizará en San José, Desamparados y Aserrí, gracias a un convenio de cooperación con Corea, no servirá de nada sin voluntad política, un plan estratégico y un marco jurídico e institucional efectivo. Hay mucho por hacer.