Entre el 2004 y el 2013, los ingresos y gastos de los costarricenses crecieron en términos reales, pero la distribución del ingreso entre ricos y pobres se mantuvo

 5 mayo, 2014

La encuesta nacional de ingresos y gastos dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la semana pasada, revela aspectos importantes de la realidad costarricense. En la década comprendida entre el 2004 y el 2013, los ingresos y gastos de los costarricenses crecieron en términos reales, pero la distribución del ingreso entre ricos y pobres se mantuvo. ¿Podrían considerarse los resultados como un fracaso? La respuesta es “no”. Más bien, es al contrario: la sociedad como un todo se ha beneficiado, pero siempre hay espacio para mejorar.

Los ingresos de los costarricenses prácticamente crecieron en todos los niveles, desde los más pobres hasta los segmentos de mayores recursos. El ingreso personal en ese período creció un 23% y el ingreso promedio, descontando el incremento de los precios, un 14%. Los denominados “otros ingresos” crecieron un 90%; las transferencias, un 40%; los salarios brutos, un 20%, y el de los trabajadores independientes, un 15% (en números redondos). Esos niveles de crecimiento real no son nada despreciables y se asocian, en buena medida, con el crecimiento de la producción real, pero también responden a las políticas públicas de gasto e inversión social, incluyendo la política salarial.

Ese ingreso real, altamente influido por las transferencias públicas, incrementó el bienestar de la mayoría, que es uno de los fines esenciales de la política económica. Con mayores ingresos, los ciudadanos pudieron consumir el mismo porcentaje en bienes esenciales de alimentación y vivienda, pero, además, dedicar parte de sus remuneraciones a satisfacer otras necesidades importantes como educación, adquisición de bienes y servicios de diversa índole, incluyendo transporte y comidas fuera del hogar, a pesar de que las estadísticas de pobreza no lo reflejen adecuadamente.

Un dato curioso es que los niveles de ingresos de los grupos más pobres mejoraron porcentualmente más (27%) que los de los más ricos (22%), y también se registraron mejorías en otros niveles intermedios. Si todos se incrementaron, ¿por qué, entonces, no mejoró la distribución del ingreso? La respuesta es que, precisamente, si todos los niveles de ingreso se incrementan en proporciones relativamente similares durante un cierto período de tiempo, se mantiene la distribución inicial. Efectivamente, la distribución del ingreso se mantuvo casi inalterada en ese período, alrededor de 0,43, medida por el coeficiente de Gini (cuanto más desigual, más se acerca a 1), muy cercana a la media latinoamericana, una de las regiones más desiguales del mundo.

Si bien la distribución del ingreso se mantuvo (permaneció la misma desigualdad relativa), por lo menos se revirtió la tendencia creciente que llevaba antes. Anotar que los ingresos de los más pobres crecieron en esa década ligeramente más que el ingreso total de los más ricos es, en sí, un logro importante. Pero, claro, eso no debe contentarnos, pues lo ideal es que la diferencia entre ricos y pobres sea cada vez menor para consolidar una sociedad más igualitaria, pero con crecientes niveles de ingreso. ¿Qué se requiere para lograrlo? La respuesta es más fácil de decir que de implementar.

Se requiere, en primer término, mantener tasas de crecimiento real de la producción, altas y sostenidas durante varios años, no solo para reducir el desempleo, aún elevado, sino para provocar incrementos de los salarios reales (asumiendo una política migratoria que no aumente desmedidamente la oferta de trabajadores), motivados por incrementos de la producción y productividad, y no por exigencias administrativas. También se requiere replantear la política fiscal para hacer la tributación más equitativa y mejorar la calidad de los gastos sociales para hacerlos más efectivos y focalizados. Y se impone revisar los salarios de los servidores públicos, mucho más elevados que los de sus contrapartes del sector privado. Además, es necesario mejorar las condiciones del sector productivo privado para que compita más eficazmente con los productos del exterior (y en el exterior), reducir el precio de los servicios públicos, controlar las cargas sociales, aumentar la inversión estatal y municipal, y, sobre todo, manejar más eficazmente la inflación para proteger los niveles de ingresos de los trabajadores costarricenses, sin incurrir en la tentación de aumentarla para pretender mejorar por esa vía el crecimiento de la producción.

Es, como se puede notar, toda una agenda de reformas estructurales para el próximo Gobierno.