Giros fiscales

La ejecución del presupuesto en estos primeros nueve meses ha sido satisfactoria. Los ingresos totales aumentaron un 9,6% según el Ministerio de Hacienda y los gastos apenas un 2,7%, ambos comparados con igual período del ejercicio fiscal anterior. De enero a setiembre, la recaudación tributaria subió un 9,7% y las erogaciones acumuladas un 6,9%. Como consecuencia, el déficit financiero del Gobierno se situó en el equivalente a un 3,4% del PIB. Si se mantuviera esa tendencia, el déficit al cerrar el año podría rondar el 4,13% del PIB, muy por debajo del 6% del PIB originalmente estimado. Sin duda, es meritorio el esfuerzo, pero no se deben lanzar campanas al viento. La gran interrogante es si la reducción del déficit financiero es sostenible.

En la reducción del gasto influyeron varios factores ajenos al manejo hacendario. La baja inflación permitió practicar una política salarial más conservadora, comparada con la de otros ejercicios. Las menores tasas de interés se reflejaron en el servicio de la deuda, al igual que la relativa estabilidad cambiaria. Pero esas variables han comenzado a repuntar, y aunque las perspectivas para los próximos dos años son de incrementos moderados, su impacto positivo en el gasto público tenderá a ser menor. Ese y otros factores podrían incrementar el déficit hasta ahora observado. Además, hay una realidad insoslayable: el monto de la deuda continúa creciendo (subió más en estos nueve meses que las demás erogaciones), lo que impone una limitación creciente a la efectividad del gasto, particularmente en inversión. Eso implica que no es suficiente contener la expansión del gasto, como ahora. Es necesario implementar otras reformas de carácter estructural, varias de las cuales penden en la Asamblea Legislativa.

Las divergencias entre la Comisión de Asuntos Hacendarios y la cartera de Hacienda reflejan tensiones propias entre poderes que podríamos llamar normales y hasta necesarias. La Constitución Política confiere a la Asamblea Legislativa potestad exclusiva para aprobar los gastos y encarga al Poder Ejecutivo su ejecución. El acto legislativo tendiente a reducir el gasto es eminentemente político –en el sentido de identificar prioridades entre muchas necesidades– por lo cual los argumentos técnicos tienden a ceder frente a los políticos (señal, también, de que quizás Hacienda no hizo bien la tarea antes de presentar el proyecto de presupuesto). En esa categoría caen la mayoría de las divergencias acusadas, como los recortes al PANI, gastos de la Policía Fiscal y algunos que afectan programas sociales, en muchos de los cuales se han denunciado ineficiencias que se deben subsanar. La Comisión de Hacendarios debe seguir adelante con su importante labor.

Independientemente de lo anterior, es atendible la posición de Hacienda sobre el posible endeudamiento del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Deben utilizarse primero los recursos presupuestarios disponibles (no utilizados), que ascienden a $45 millones. Las obras proyectadas por el ICT costarían alrededor de $38 millones, por lo que no se justifica endeudarse más en el mercado local o internacional y tampoco pagar altas tasas de interés que comprometen la deuda pública total y la correspondiente amortización. Lo que el ICT plantea, en el fondo, es que le permitan preservar el superávit acumulado para incrementar el gasto en otras actividades, algunas quizás menos prioritarias. Hacienda debe plantarse firme en este envite.

Igualmente preocupante es la reticencia de la Corte Suprema de Justicia a aceptar un tope a sus pensiones de lujo. La propuesta de Hacienda y varios diputados de la Asamblea Legislativa es establecer un límite de ¢4.735.200 mensuales, pero la Corte insiste en dejarlo en ¢7 millones mensuales. En su defensa, adelantó el criterio de que la reforma podría enfrentar problemas constitucionales, sobre todo en lo referente a las contribuciones adicionales si las pensiones decretadas excedieran el límite querido por los diputados. Independientemente de los aspectos meramente legales (que correspondería dilucidar eventualmente a la Sala IV), hay aspectos morales y de la realidad fiscal que ignora la Corte. Su presupuesto, aunque tiene un estatuto especial, se financia de los ingresos de todos los contribuyentes, como las demás partidas presupuestarias. La realidad del país exige el aporte de todos para resolver los problemas. Éticamente, no está bien que unos perciban pensiones de lujo, muy superiores a los demás en similares condiciones.

Finalmente, está pendiente la elaboración de un calendario de proyectos fiscales para persuadir a las calificadoras de riesgo –Fitch, Moody’s y Standard & Poors– de no darnos una mala calificación. Aunque, en principio, la idea es positiva, creemos muy difícil que se puedan establecer los remedios a corto plazo, a tiempo para las visitas de las calificadoras. Requeriría, como mínimo, un gran acuerdo político entre el gobierno y las principales fracciones de oposición sobre temas tan controvertibles como las reformas a las remuneraciones y pensiones de los servidores públicos (el caso de las pensiones del Poder Judicial es un ejemplo claro), los proyectos de impuesto sobre la renta, la conversión del impuesto de ventas en uno al valor agregado y la adopción de una regla fiscal para controlar el gasto en el futuro. Tal parece que Hacienda se tendrá que conformar con presentar los resultados de los esfuerzos ya logrados, que no son despreciables, y comprometerse a seguir luchando por una reforma más comprensible y duradera.