El rigor de la Sugef

La primera regulación tiene que ver con el establecimiento de un mecanismo flexible para ajustar las provisiones (reservas) de los bancos y entidades financieras a los vaivenes de la economía, particularmente los ciclos económicos. La premisa es que las provisiones establecidas en la normativa actual navegan en la misma dirección de los ciclos económicos (son procíclicas), reforzando sus efectos negativos en la economía real.

En períodos de ralentización o recesión, las reservas ahondan la capacidad crediticia de los bancos para estimular la producción, pero en las fases expansivas del ciclo, al permanecer inalteradas, más bien tienden a facilitar la expansión indebida del crédito y recalentar la economía. Y sabemos que al recalentarse la economía no solo se relaja el otorgamiento de crédito para cubrir sujetos más riesgosos, sino que asoma su fea cara la inflación. La nueva normativa contempla que en una recesión se relajarían las reservas existentes para no exacerbar sus efectos, y en las vacas gordas –por así decirlo– se incrementarían para hacer mermar la capacidad crediticia de las entidades y contrarrestar un poco la peligrosa expansión.

Las fórmulas incluidas en el borrador de la normativa son bastante técnicas, tejidas al amparo de lo sugerido por el Comité de Basilea para el resto del mundo, pero parecen adecuadas a la realidad de Costa Rica. La Sugef, sin embargo, deberá mantener una actitud flexible y ajustar las medidas en el tiempo, si fuera necesario, así como valorar las observaciones que, sin duda, le harán la Asociación Bancaria Costarricense y la Cámara de Bancos. Esperamos poder analizar esas observaciones cuando se hagan del conocimiento público.

Hay ciertos aspectos, sin embargo, que desde ahora se podrían examinar. Por ejemplo, la recesión económica necesaria para activar el mecanismo correctivo se define en el proyecto como “la fase del ciclo durante la cual se produce una caída importante de la inversión, la producción y el empleo”, pero no se define qué es el ciclo económico (por oposición a períodos normales), quién lo calificaría, ni el tiempo de duración para que se pueda considerar como recesión (dos trimestres consecutivos de decrecimiento económico se usa en otras latitudes). En todo caso, esos asuntos deberían ser calificados formalmente por el Banco Central y así debería establecerse en la normativa. Además, podría ser conveniente incluir la ralentización de la producción (bajo crecimiento) a la par de la recesión (decrecimiento), pues en ella los efectos procíclicos de la normativa actual estarían igualmente presentes, junto a sus efectos negativos. Desde nuestro punto de vista, la normativa prudencial debería marchar de la mano de la política monetaria del Banco Central, relajarse en la ralentización y endurecerse en la expansión.

La Sugef también propone modificar el Reglamento sobre la Calificación de los Deudores para afinar la capacidad de pago. Además de permitir a las entidades diseñar sus propios sistemas de calificación de los deudores –aspecto positivo, pues ellas saben mejor dónde les aprieta el zapato–, exigiría la creación de nuevas reservas en caso de que ciertos deudores excedan sus capacidades de pago. Se exigirían una reserva general equivalente al 0,5% del saldo adeudado, y otras específicas que podrían elevarlo hasta el 3%. El objetivo sería prevenir la extensión de crédito indiscriminada y riesgosa, en detrimento de la propia entidad, de los depositantes y futuros usuarios de crédito y del sistema financiero como un todo. En principio, parece bien, pero se debe evitar caer en un excesivo costo para los intermediarios financieros que, de seguro, se trasladará a los usuarios ya sea en menores tasas pasivas para los ahorrantes o tasas más elevadas para los deudores. Ya los márgenes de intermediación financiera son muy elevados en Costa Rica. Hay que ponerles atención y proponer las reformas del caso para reducirlos.

Se contemplan también otras reformas que, en principio, parecen justificadas, pero que suscitarían controversias con las entidades reguladas. Una es la valoración de las garantías conforme a los valores cambiantes del mercado ( value to market ) en relación con el endeudamiento total. Si este último fuere muy elevado, se exigiría la creación de nuevas reservas o la inclusión de un crédito hipotecario bajo la ponderación de riesgo de un 100%, en vez de un 50% como se exige en la actualidad.

Otras tienen que ver con los requerimientos para el otorgamiento del crédito a no generadores de divisas, insuficientemente regulados por el Connasif hasta el 2013, y la exigencia de presentar la declaración jurada del impuesto sobre la renta junto con la solicitud de crédito. Tenemos reservas al respecto. Se exige la presentación como requisito formal, pero no se indica qué se haría con ella ni cuáles serían las consecuencias del análisis, si se hiciera. La ley de impuesto sobre la renta tiene su propio sistema contable, no siempre coincidente con las normas generales de contabilidad universalmente aceptadas. Tampoco expresa la verdadera capacidad de pago del deudor, en el tanto hay ingresos que no son gravados (excluidos, como los provenientes del exterior) y gastos no reconocidos. La verdadera capacidad de pago debe estimarse con inclusión de todos los aspectos contables, no solo los relevantes para efectos tributarios. Parece necesaria una discusión más profunda antes de incorporar esa nueva disposición.

Finalmente, en términos generales, los esfuerzos de la Sugef al impulsar las reformas deben ser bien vistos, con las reservas apuntadas y otras que pudieran surgir. En su apoyo podríamos decir que el sistema financiero costarricense ha transitado por diversas situaciones complicadas sin sufrir una crisis, felicitación que también debe ser extendida a los bancos comerciales y demás entidades financieras que han sabido cumplir las regulaciones. Así deben continuar.