EscucharUn ejemplo de mística y compromiso con la formación de la juventud brilla en el Colegio de Pacuare, en Corales 2 de Limón. Hay necesidades insatisfechas, pero el reto mayor de la institución educativa, su abnegada directora Patricia Pinnock y el cuerpo docente no es la escasez de recursos, sino la delincuencia.
En el 2009, cuando la institución llevaba el nombre de Colegio Deportivo de Limón, el robo de cables dejó al plantel sin luz eléctrica, y los utensilios necesarios para cocinar también desaparecieron. La cocinera preparaba el almuerzo en su casa, y la secretaria, desprovista de fax, teléfono y computadora, todos robados por los hampones, transcribía las notas en equipos de su propiedad.
Las pandillas interrumpían las clases para asaltar a alumnos y profesores hasta el día en que decidieron trasladarse a instalaciones provisionales, en el Estadio Nuevo. A principios del 2011, cuando el liceo volvió a abrir sus puertas en Corales 2, apenas contaba con seis alumnos. La directora, en compañía de los maestros, recorrió el barrio para tocar en cada puerta con la esperanza de convencer a los padres de familia de matricular a sus hijos en la institución. Así, la matrícula aumentó a 170 el año pasado y a 319 en la actualidad.
En las comunidades indígenas de Talamanca, maestros igualmente abnegados encaran una situación similar. Los narcotraficantes intentan ahuyentarlos de la zona para ejercer sobre ella un ilícito y repugnante señorío. Amenazan a los educadores y, en un caso, quemaron el rancho donde se brindaba educación a los niños y jóvenes.
La política educativa del Estado es un estorbo para el narcotráfico, empeñado en reclutar mano de obra local e imponer el silencio a los pobladores. No lo consiguen con los educadores, cuyas denuncias se han visto reflejadas en la prensa durante los últimos meses.
Guillermo Rodríguez, asesor en la Dirección Educativa de Surá, denunció la presión sobre los pobladores para que presten servicio a los narcotraficantes y pidió recuperar la pérdida de soberanía del Estado en la región de Alta Talamanca, donde muchos maestros temen ingresar por la posibilidad de sufrir represalias. Aun así, hay quienes remontan los cerros, luego de decidir si transportan sus alimentos o los materiales educativos indispensables, porque las dificultades del terreno no siempre permiten llevar ambos.
El problema no es exclusivo de las zonas alejadas. El año pasado, profesores del Liceo de Alajuelita suspendieron lecciones para protestar por los asaltos y amenazas de las pandillas, cuyos miembros en ocasiones saltan las mallas para entrar al colegio a cometer fechorías. Las fuentes de inseguridad de los docentes, sin embargo, no siempre están puertas afuera. La protesta tuvo como detonante la amenaza de muerte de un alumno a la profesora que le llamó la atención por participar en un hurto.
En el Colegio de Rincón Grande de Pavas ya no hay computadoras, porque tres sujetos se introdujeron a inicios de octubre por una malla, envenenaron a tres perros, encañonaron al guarda y entraron al aula de informática en condiciones que hacen sospechar su conocimiento previo de las instalaciones. Sustrajeron 42 computadoras portátiles, una estacionaria, un equipo de video y otro fotográfico. El liceo se vio obligado a suspender clases y reprogramar exámenes.
En todo el país hay maestros trabajando en condiciones difíciles, obligados a asumir papeles de denunciantes, guías y protectores de las comunidades donde prestan servicio.
La situación llama a reflexionar sobre el problema de la seguridad ciudadana, pero también sobre la mística de los educadores sometidos directa o indirectamente al abuso. Son un ejemplo para sus colegas y para el país en general. Merecen la protección de las autoridades como asunto de altísima prioridad.
Ningún niño costarricense debe verse afectado en su proceso educativo por la intervención del hampa, y ningún maestro debe ir a trabajar con temor.
