Editorial: Victoria del localismo

El próximo gobierno encontrará un Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) totalmente desfinanciado si prosperan las gestiones del secretario general del Partido Liberación Nacional, Gustavo Viales, para recortar ¢29.244 millones al presupuesto de la institución en el 2022 y trasladarlos a las municipalidades, donde serán invertidos en mantenimiento de vías cantonales.

Así, el Congreso se convertiría en seleccionador de prioridades para los escasos recursos disponibles. La Comisión de Asuntos Hacendarios avaló la medida esta semana, con nueve votos a favor y uno en contra, pese a las objeciones del Ministerio de Hacienda, preocupado por las vías nacionales.

Según Viales, el ajuste es necesario para cumplir la Ley 8114, que ordena destinar a las municipalidades el 22,25 % del impuesto sobre los combustibles. No obstante, la regla fiscal permite distribuir los recursos de los impuestos con destino específico, como el de los combustibles, según la disponibilidad de recursos cuando la deuda del Gobierno Central supere el 50 % del producto interno bruto (PIB). El año pasado, la deuda se elevó por encima del 60 % de la producción y este año ronda el 70 %.

Si la medida aprobada por los diputados se convierte en un antecedente respetado en el futuro, el país quedaría condenado a atestiguar el deterioro de sus principales vías, sin poder reasignar recursos según las prioridades fijadas por los técnicos. La flexibilidad prevista en el artículo 15 del título IV de la Ley 9635 (reforma fiscal del 2018) existe, precisamente, para hacer frente a circunstancias difíciles, cuando es preciso elegir entre funciones que todos querríamos ver satisfechas en su totalidad.

Si la deuda del Gobierno Central supera el 50 % del producto interno bruto, Hacienda «podrá presupuestar y girar los destinos específicos legales considerando la disponibilidad de ingresos corrientes, los niveles de ejecución presupuestaria y de superávit libre de las entidades beneficiarias», reza la ley, claramente aplicable al caso por encima de la normativa rectora del impuesto sobre los combustibles.

El ajuste aprobado por la Comisión de Asuntos Hacendarios, con votos de Liberación Nacional (PLN), Restauración Nacional (PRN), Republicano Social Cristiano (PRSC), Nueva República (NR), Acción Ciudadana (PAC) y la independiente Shirley Díaz, reduce el presupuesto del Conavi de ¢181.000 millones a ¢160.000 millones y aumenta el de las municipalidades de ¢80.374 millones a ¢109.794 millones.

El proponente de la moción argumenta que a los gobiernos locales les corresponde mantener el 80 % de la red vial del país. Es un argumento efectista. En otro caso, la lógica llevaría a asignar el 80 % del presupuesto a las municipalidades. Costa Rica tiene una extensa red vial. Ningún camino carece de importancia para quienes transitan por él, pero el grueso de la funcionalidad y rentabilidad por kilómetro está en las vías nacionales. Ese criterio cualitativo debe guiar la inversión en tiempos de estrechez económica.

El municipalismo entronizado en la Asamblea Legislativa impide fijar la vista en el interés nacional. Si prospera el ajuste aplicado por la Comisión de Asuntos Hacendarios, la pugna entre el Conavi y las municipalidades por los escasos recursos disponibles para infraestructura se resolverá a favor del interés local. Así será en adelante si no cambia el rumbo de nuestra fragmentada política.

Los gobiernos locales son cada vez más influyentes en los partidos políticos y por esa vía colocan un creciente número de representantes en el Congreso. Su capacidad de movilización es limitada, pero el Conavi y otras instituciones no tienen como contrarrestar, por ejemplo, la manifestación municipal del miércoles en apoyo al ajuste presupuestario.