La operación eficaz de puertos y aeropuertos es clave para el éxito del comercio internacional. Eso es particularmente importante en países muy abiertos al comercio exterior, como Costa Rica. Las funciones de los puertos están expuestas a la competencia internacional y en tanto operen ágilmente, y con tarifas competitivas, atraerán más clientela internacional.
El megapuerto de Moín, Limón, administrado por la empresa holandesa APM Terminals, acaba de iniciar sus operaciones. Su costo cercano a $1.000 millones fue asumido en su totalidad por el concesionario, es decir, no medió financiamiento alguno del Estado costarricense. Esa es una de las grandes ventajas de la concesión de obra pública al sector privado. El inicio de operaciones del megapuerto no ha estado exento de problemas, muchos de los cuales han sido atendidos por el concesionario, pero abundan las quejas de usuarios por las elevadas tarifas.
El tema debe ser atendido por el gobierno. Las tarifas guardan relación, entre otros factores, con el plazo de la concesión y las obras proyectadas para completar el proyecto. Hay margen para negociar con el concesionario habida cuenta de las observaciones de los usuarios, especialmente los exportadores de nuestros principales productos agrícolas.
Por otra parte, el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) informó sobre la posibilidad de mejorar la obra física del puerto de Caldera para brindar, desde ese punto en la costa del Pacífico, un servicio capaz de competir, entre otros, con el ofrecido por APM Terminals en Moín con tarifas más bajas, pues Caldera requeriría una inversión significativamente menor, estimada en $350 millones. Al menos dos grupos empresariales, la actual concesionaria y una empresa de Emiratos Árabes, han manifestado interés por el proyecto, bajo la figura de concesión. (“Caldera promete un mejor puerto con tarifas menores a las de Moín”, La Nación, 27/11/2019).
El privilegio de tener costas en el océano Pacífico y en el mar Caribe permite a Costa Rica servir clientela de diferentes puntos del mundo, como Asia y Europa, sin necesidad de utilizar el canal de Panamá, lo cual toma tiempo y cuesta dinero. Por otro lado, los usuarios costarricenses, tanto importadores como exportadores, contarán con buenas opciones, entre las cuales escogerán en función del precio y el servicio para ganar competitividad.
Megapuertos como los de Moín y el proyectado en Caldera no pueden depender tan solo de la demanda local, que es relativamente pequeña, sino de una clientela internacional, lo cual implica un elevado nivel de competencia, pero las obras portuarias deben complementarse con otras de infraestructura vial. Poco ganaría el país si cuenta con modernos puertos pero deficientes carreteras para llegar a ellos.
Si las obras de Caldera se ejecutan como en principio las han concebido las autoridades del Incop y la ruta 27 no se ensancha y mejora, probablemente veremos enormes presas, accidentes y pérdidas de tiempo. Junto a las definiciones requeridas por el proyecto de Caldera, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes debe impulsar las necesarias para mejorar la ruta 27, utilizando también la figura de la concesión. Asimismo, es importante analizar la viabilidad económica de rehabilitar el tren de carga San José-Caldera.
Para optimizar los beneficios de obras de infraestructura vial y portuaria, es necesario recurrir a licitaciones internacionales competitivas, de modo que los participantes viertan en ellas todo su conocimiento técnico-financiero y ofrezcan las mejores condiciones posibles. La contraparte estatal, el Consejo Nacional de Concesiones, el Incop u otras entidades deben tener una alta capacidad técnica, pues de otra manera podrían ser capturadas por los concesionarios, contra el interés general. Bienvenida sea la sana competencia en materia portuaria.