EscucharEl Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) fue epicentro de uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia nacional, cuyas repercusiones conmovieron la política, contribuyeron a cerrar la etapa del bipartidismo, alentaron el surgimiento de nuevas agrupaciones y reconfiguraron la relación de fuerzas en el país.
El ICE tiene innegable protagonismo en el desarrollo nacional. Desafortunadamente, tampoco se puede escribir la historia de la corrupción sin mencionarlo. Esa circunstancia debió bastar para que en la institución se cuidaran hasta las apariencias. Sin embargo, en los años transcurridos desde el escándalo mayor, otras actuaciones despertaron inquietud.
El Ministerio Público investiga, por ejemplo, el curioso caso de la multa impuesta a la transnacional Huawei, cuyo pago condujo a un nuevo y rentable negocio. La empresa debía pagar $6,7 millones por incumplimiento de un contrato de telefonía celular, pero, en lugar del dinero, el ICE aceptó el pago con equipos y servicios. El acuerdo proporcionó a Huawei la oportunidad de afianzarse como proveedor de un nuevo negocio de Internet fija.
La denuncia salió de la auditoría interna del ICE y llamó la atención de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, que abrió un expediente contra personas ignoradas para esclarecer lo sucedido. Ese y otros ejemplos asombran después del escándalo Alcatel, ocurrido a inicios del siglo.
Quizá, por eso, no debería extrañarnos la completa falta de preocupación denotada por la presencia de proveedores de bienes y servicios, muchos de ellos no solicitados, en los pasillos de la institución. Por fortuna, el nuevo gerente de telecomunicaciones, Mauricio Rojas, rehúsa aceptar esa “normalidad” y envió una carta a once subalternos para recordarles que está “totalmente prohibido” recibir proveedores para discutir asuntos ajenos a los procesos de contratación ya formalizados o mantener conversaciones innecesarias para dar seguimiento a servicios ya contratados.
“Con suma preocupación he visto como nuestras instalaciones, así como las de la Unidad de Infraestructura, están siendo abordadas por proveedores ofreciendo supuestas soluciones que no hemos pedido”, escribió el funcionario. “Me permito aclarar que esto dista mucho de un correcto manejo del proceso de compras y contrataciones del ICE, y no se justifica que estos proveedores deambulen por nuestras instalaciones”, añadió.
Rojas, apenas llegado al despacho el 6 de enero, redondeó la carta con una excitativa a no malinterpretar su mensaje: “Creo que el sentido de mi misiva se entiende perfectamente”, afirmó para cerrar el paso a toda especulación. La carta debió ser innecesaria, pues la práctica de recibir visitas informales y no solicitadas de proveedores nunca debió afianzarse. En especial, no debió sobrevivir a los hechos de inicios de siglo.
La carta fue enviada a los encargados de mercadeo, comercialización, soporte empresarial e infraestructura, además de asesores de la presidencia ejecutiva y la propia gerencia, pero vale para todos los niveles de la institución y debería ser modelo para otras entidades del Estado.
El nuevo gerente, llegado al ICE después de una gestión transformadora en Correos de Costa Rica, demuestra valor y decisión. La carta no pasará sin suscitar reacción en las filas de la burocracia. Rojas merece respaldo de las máximas jerarquías y de la opinión pública. Alejar a los proveedores de los pasillos de la institución, salvo cuando su presencia se justifique, no inmuniza contra las anomalías, pero envía el mensaje correcto.
