Editorial: Los secretos del ICE

El abuso de las normas aprobadas para proteger los secretos industriales y comerciales del ICE a partir de su ingreso al régimen de competencia ha sido frecuente, pero el caso de la inspección no intrusiva es motivo de especial alarma por las decenas de millones de dólares en juego y también por las implicaciones para la lucha contra el narcotráfico.

Nadie pide revelar detalles operativos útiles para los interesados en burlar la vigilancia, pero la transparencia de la asociación entre Racsa y el consorcio escogido para brindar el servicio de escáneres en nada afecta la seguridad de la operación in situ. Por el contrario, siembra dudas sobre la ejecución de tan delicadas funciones.

El ministro de Agricultura, Víctor Carvajal, designado por el presidente Rodrigo Chaves como “líder político” del proyecto, según su propia caracterización, admitió la inexistencia de impedimentos para revelar las minutas de la comisión interministerial creada para ejecutar el proyecto. Tampoco encontró motivos para suministrar los análisis jurídicos, el presupuesto aprobado y el nombre de los funcionarios involucrados en la elaboración del cartel de licitación, pero no entregó los datos.

Parte de las incógnitas se despejaron el 14 de diciembre, cuando el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) publicó, con inusual rapidez, un cartel de licitación en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). El concurso estaba hecho a la medida de Racsa y su socio estratégico, pero la escogencia de ese socio sigue bajo el manto de secreto establecido por el ICE para impedir a los costarricenses tener conocimiento pleno de la selección del encargado de “la operación y mantenimiento de los componentes esenciales” de la inspección no intrusiva.

Así describió Mauricio Barrantes Quesada, gerente general de Racsa, la función de Corp. Low Risk Costa Rica S. A. La empresa estatal, por su parte, se encarga de la fibra óptica y la contratación de ingenieros. Aunque la Contraloría General de la República objetó la negociación de nuevos escáneres con Racsa y sus aliados, la concesionaria del megapuerto de Moín, APM Terminals, ya firmó un contrato con ellos para la operación de los equipos existentes. En suma, “la operación y mantenimiento de los componentes esenciales” del sistema está en manos de un consorcio cuya escogencia se hizo a espaldas del país.

Sobre el acercamiento entre el consorcio privado y la empresa estatal, apenas se sabe lo informado por este diario después de vencer las barreras del secreto interpuestas por Racsa, el ICE y los ministerios involucrados. El abogado Carlo Magno Burgos Vargas, presidente de Corp. Low Risk, admitió haber tenido dificultades para ponerse en contacto con Racsa hasta que consiguió ayuda de su colega Braulio Venegas Dijeres.

Venegas se vio obligado a renunciar el 27 de noviembre a la presidencia del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico cuando trascendió su gestión para que en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) recibiera a Francisco Montes Fonseca, vinculado con el caso Corona. Montes y los ahora sospechosos de narcotráfico tenían interés en alquilar terrenos de la entidad ferrocarrilera para ofrecérselos a Racsa como predios para estacionar contenedores antes de pasar por los escáneres. Venegas dijo haber actuado en representación de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), pero esa entidad lo niega.

En las intervenciones telefónicas practicadas por el Organismo de Investigación Judicial se escucha a Montes Fonseca hablar de un “nuevo jugador” que iba a “meterlos” en el negocio. Más adelante, dijo haber logrado el envío de información sobre los puntos donde se requerirían los predios. “Voy a hablar con Braulio, para que Braulio nos consiga una cita con esta empresa y con Racsa, que son quienes definen lo de los contratos”, afirmó.