EscucharExisten salidas razonables y respetuosas de las institucionesEs una huelga ingrata para todos. Para los educadores, porque han perdido el contacto con sus alumnos, están sometidos a gran tensión y no recibirán pago por sus ausencias. Para los estudiantes, porque el proceso de enseñanza se ha interrumpido. Para los padres, por la misma razón, y porque muchos de ellos no tienen con quién dejar a sus hijos. Para los sectores políticos mayoritarios, especialmente el Gobierno, porque el desgaste ha sido grande y las tensiones agobiantes. Y para toda la sociedad, porque, además de lo anterior, se han interrumpido servicios y se ha desarrollado un clima de inconveniente desasosiego.
Si tal es la realidad, ¿por qué la huelga?; o, más importante aún, ¿cómo lograr su fin?
La respuesta no debe partir de actitudes emocionales, sino de un análisis sereno de los elementos del conflicto.
Las realidades.- Hay, para comenzar, una serie de realidades que no pueden desconocerse:
1. Los educadores tienen justa razón en estar preocupados por su régimen de pensiones. De los beneficios que otorgue depende gran parte de su futuro económico, y las cotizaciones que ahora demande afectan su poder adquisitivo.
2. Si se compara el régimen vigente hasta el momento con las reformas a la ley, es indiscutible que la reforma modera los beneficios y aumentó las cotizaciones. Es decir, los intereses magisteriales se ven afectados en lo inmediato.
3. Ocurre, sin embargo, que el sistema que estaba vigente se había tornado incosteable. La mezcla de bajas cotizaciones, baja edad de retiro y altas compensaciones, era insostenible. Este año costará más de ¢10.000 millones a todos los costarricenses. Por tanto, el problema fundamental no es qué hacer para mantener la situación que ha estado vigente. El problema, más bien, se reduce a una disyuntiva: o se reforma el régimen o sucumbe, como ocurrió en Uruguay. Y en este caso el perjuicio para los educadores y toda la sociedad sería mayor que cualquier reforma.
4. Dadas estas realidades, consideramos que la nueva ley contiene una buena combinación entre beneficios, justicia y realidad. (Hoy, en una separata, ofrecemos una explicación completa y transcribimos las partes principales de su texto.) Si, además, ya fue aprobada, mantener una huelga para exigir su reforma es pretender que se legisle en las calles, lo cual va contra la esencia del régimen institucional democrático que la inmensa mayoría de los educadores defiende.
Tácticas y acciones.- Además de estas realidades básicas, hay que someter a escrutinio las tácticas y acciones de las partes involucradas:
1. Entre los dirigentes magisteriales se han impuesto dos caminos que van a contrapelo de su tradicional moderación y autonomía:
Por un lado, formaron una coalición con otros grupos más virulentos y, junto con ellos, adoptaron una serie de demandas que exceden las reivindicaciones magisteriales, y de métodos que acuden a cierta agitación. De este modo, se busca dar mayor fuerza aparente al movimiento. Sin embargo, en un país que valora la estabilidad y el orden, toda escalada que pretenda endurecer la acción se convertirá en estímulo para un rechazo público que afectará no solo los intereses, sino también la imagen de los educadores.
Los dirigentes, por otra parte, se comprometieron a actuar en bloque con los otros grupos, sin deslindar sus responsabilidades hacia los educadores con respecto a las pretensiones de los otros dirigentes y sectores.
2. El Gobierno, aunque a ratos algunos funcionarios han tenido erupciones retóricas desorbitadas, ha actuado con moderación y ha sido firme en que la ley no es negociable, aunque no ha descartado la posibilidad de discutir otras posibles aspiraciones magisteriales. Se trata de una adecuada actitud, que debe ir aparejada por el mantenimiento del orden público. Sí ha faltado, sin embargo, mayor información hacia los educadores sobre la insostenibilidad del régimen de pensiones y la necesidad de las reformas actuales.
3. Los dos partidos políticos mayoritarios se han mantenido hasta ahora firmes en su compromiso con la reforma, lo cual ha despojado a los dirigentes magisteriales de la posibilidad de jugar con el enfrentamiento entre el PLN y el PUSC, o entre este y el Ejecutivo, como instrumento de presión.
La salida.- En una situación como la descrita, ¿cómo encontrar la salida? La responsabilidad es de todas las partes, pero fundamentalmente de los dirigentes magisteriales. No debe olvidarse, entre otras cosas, que fueron ellos los que rompieron las negociaciones y estimularon así el trámite expedito de la reforma en la Asamblea. Su actitud más responsable y patriótica debería conducirlos, primero, a separar las reivindicaciones magisteriales --típicamente gremiales-- de las exigencias político-sociales de otros grupos y dirigentes sindicales. Hecho esto, debe plantearse una negociación que no cuestione una ley ya aprobada. En su lugar debe buscarse qué otros beneficios, más acordes con la realidad del país, podrían obtener los educadores, y qué darían a cambio, sea en superación o servicio. Y todo esto debe hacerse con los educadores y alumnos de vuelta a las aulas.
Estamos seguros que, ante una salida de este tipo, el Gobierno --tanto por convencimiento como por presión pública-- accederá a lo mejor que se pueda en favor de los educadores y la educación. Pero en esta búsqueda no puede pretenderse volver a regímenes que han cargado sobre todos los contribuyentes --y sobre la estabilidad de la economía-- beneficios que por esa vía demostraron ser insostenible.
Hacemos un respetuoso llamado a los dirigentes y educadores para que reflexionen sobre estos aspectos.
