Editorial: Grave golpe autoritario de Bukele

La norma de alternabilidad, contenida en la prohibición de reelección consecutiva, ya había sido burlada por el presidente Nayib Bukele. Valiéndose de una interpretación antojadiza e ilegítima de la Corte Constitucional, cuyos magistrados responden a sus designios, se apartó del cargo tres meses antes de las elecciones del 4 de febrero, se volvió a postular y, nada sorprendente, obtuvo un abrumador triunfo, en medio de irregularidades durante el conteo de votos.

Meses antes, el Congreso había aprobado de manera expedita y casi sin discusión lo que fue conocido como un “decreto exprés” para modificar los distritos electorales y reducir de 84 a 60 el número de diputados, lo cual benefició en esos mismos comicios al partido oficialista Nuevas Ideas, que ya tenía cómoda mayoría.

El lunes 29 de abril, último día de su ejercicio legislativo, con una modificación inesperada del orden del día, en la que ni siquiera aparecía el asunto, los diputados salientes presentaron y dispensaron de trámites una iniciativa de cambio constitucional. Se centró en eliminar el requisito de las dos legislaturas, que había existido como forma de estimular un proceso de discusión antes de cualquier decisión definitiva. El nuevo artículo elimina este requisito y establece que tres cuartas partes de los diputados podrán modificar la Constitución a su antojo en una única sesión.

Como en la legislatura que comenzó funciones el 1.° de mayo el oficialismo tiene 54 escaños, será tan fácil enmendar la Constitución como cualquier ley; simplemente más votos, pero ya asegurados y totalmente dóciles a los designios del presidente.

Esto implica que en cuestión de días cambiará el procedimiento de reforma constitucional y que, a partir de entonces, en cualquier momento —o más de uno—, sin adecuado debate legislativo, y menos social, el sistema político salvadoreño podrá ser modificado según disponga Bukele.

La justificación que acompañó el proyecto aprobado en la sombra es que se requiere contar con “las herramientas necesarias para enfrentar las realidades sociales que demandan los salvadoreños ante los cambios constantes que el mundo enfrenta de manera veloz”. No hay nada en la Constitución que impida atender esas realidades, salvo que la intención sea terminar la tarea de eliminar el Estado de derecho; tampoco el requisito de dos legislaturas es lento; simplemente, no es arbitrario.

Sin duda, la primera y principal intención es introducir la reelección indefinida. De esto se hizo eco un ex magistrado electoral cercano a Bukele, quien destacó la necesidad de “iniciar un nuevo ciclo electoral de la presidencia y dejarlo plasmado con toda claridad: una, dos, tres o hasta que la gente quiera”.

Desde marzo del 2022, El Salvador vive en un estado de excepción violatorio de múltiples derechos civiles. Los órganos judiciales y electorales son controlados por Bukele mediante sus operadores. La política de arrestos masivos, que tiene en la cárcel sin debido proceso a cerca del 2 % de la población adulta, ha logrado poner fin a la violencia pandillera, pero el costo ha sido enorme. Las fuerzas armadas se han plegado al presidente y las presiones de diversa índole han doblegado al sector empresarial y puesto severos límites a las instancias académicas, políticas y de la sociedad civil.

En síntesis, El Salvador ya es un país sumido en el autoritarismo, las restricciones a los derechos elementales y una creciente arbitrariedad, aunque su semblante público todavía sea un presidente cool. La forma en que se modificó la vía de reforma constitucional, y la voluntad de utilizar la nueva realidad para adaptarla a su imagen y semejanza, es un paso particularmente grave en dirección hacia la dictadura abierta. No pasará mucho tiempo para comenzar a sentir sus consecuencias con rigor.