Editorial: Elecciones maniatadas en Venezuela

A partir de entonces, sin embargo, la ruta ha estado plagada de crecientes dificultades, y en los últimos días se ha acelerado un proceso de manipulación institucional, obstáculos, decisiones arbitrarias y persecución. El claro propósito es excluir de la competencia a cualquier candidato opositor medianamente viable y lograr que el impopular, inepto y represor presidente, Nicolás Maduro, se imponga nuevamente en un proceso ilegítimo, tal como ocurrió en el 2018.

Las posibilidades de frenar esta arremetida son remotas, pero es necesario insistir. Dos son particularmente importantes. La primera es que la oposición pueda aprovechar la pequeña fisura existente para consolidar una candidatura unitaria con tracción popular. La segunda es que la comunidad democrática internacional, y Estados Unidos en particular, pasen de la “preocupación” o las denuncias a los hechos, y retomen sus sanciones contra al régimen antes de que sea tarde. Ya demasiado esperaron los gobiernos de Brasil y Colombia siquiera para formular críticas.

Las elecciones fueron fijadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por Maduro, para el 28 de junio, fecha del natalicio de Hugo Chávez, “santo patrón” del régimen. Esto, en sí, es una clara manipulación del proceso, pero menor ante lo que ha seguido.

A la principal figura opositora, María Corina Machado, de la Plataforma Unitaria, que superaba casi por diez a uno a Maduro en las intenciones de voto, la Corte Suprema de Justicia la inhabilitó políticamente bajo cargos espurios y le impidió inscribirse. Como sustituta fue escogida Corina Yoris, distinguida profesora de Filosofía de 80 años; sin embargo, una inverosímil “falla”—claramente deliberada— del sistema de cómputo del CNE frustró su registro antes de la medianoche del 25 de marzo, fecha límite para hacerlo.

Maduro, por supuesto, no tuvo dificultad alguna, y fue proclamado con bombos y platillos como abanderado oficialista ese mismo día. También se inscribieron varios candidatos de micropartidos afines al régimen y dos nominalmente opositores, pero sobre cuya real postura y popularidad existen dudas: Enrique Márquez, de orientación socialdemócrata, y Manuel Rosales, gobernador del estado de Zulia.

A última hora, una ampliación del plazo permitió la inscripción de Edmundo González, diplomático poco conocido, como candidato de la Mesa de Unidad Democrática, avalado por la oposición mayoritaria. Como la ley faculta el reemplazo de postulantes hasta 10 días antes de la votación, el propósito es que guarde el campo a un candidato de mayor tracción. Nada garantiza que, en medio de la arbitrariedad reinante, esta opción pueda concretarse. Pero incluso si lo lograra, el corto tiempo de campaña y la división opositora estimulada por el poder harán en extremo difícil la tarea del seleccionado.

A lo anterior hay que añadir que tampoco hay garantías de votaciones limpias o un conteo transparente, pero sí la certeza de que Maduro y sus secuaces utilizarán todos los medios del Estado a su alcance para promover la propaganda y la movilización propias con el fin de obstaculizar las opositoras.

En medio de esta situación, está a punto de ser aprobada una “ley antifascista”, cuyo claro propósito es establecer una serie de figuras para penalizar la libre expresión y cercenar las posibilidades de manifestaciones pacíficas.

Como hemos dicho en otros editoriales, Maduro sabe que por las buenas nunca podrá ganar una elección. Por eso se ha lanzado en una carrera veloz por las malas. Si consigue ganarla mediante la arbitrariedad y la represión crecientes, la dictadura se consolidará en Venezuela. Hay que hacer todo lo posible por evitarlo.