Editorial: El valor de la coherencia

No obstante, en aquel momento, el candidato presidencial Rodrigo Chaves recriminó al mandatario la interposición del veto y lo acusó de utilizar a su conveniencia el argumento de la responsabilidad fiscal. Ahora, el mandatario anuncia la intención de hacer exactamente lo mismo, en condiciones menos apremiantes.

Natalia Díaz, ministra de la Presidencia y protagonista, en razón de ese cargo, de las relaciones con la Asamblea Legislativa de donde saldrá la norma por vetar, también encontró la oportunidad, como candidata presidencial, para intercalar críticas a Alvarado en un discurso donde los ataques a Chaves estaban, asimismo, presentes.

“El presidente (Alvarado) vetó la rebaja del marchamo. Al presidente le preocupan las finanzas del Estado; a mí me preocupan las finanzas de la gente. ¿Cuándo será que entiendan que la gente es primero?”, preguntó la entonces candidata y hoy defensora del veto a la rebaja del marchamo, por idénticas razones fiscales.

La ironía es de proporciones titánicas, pero no se agota en las contradicciones señaladas. Chaves justificó la crítica al veto de Alvarado atribuyéndole a su antecesor la exclusión de las municipalidades de la regla fiscal. La medida no fue impulsada por Alvarado, pero tuvo oportunidad de vetarla y no lo hizo. El candidato Chaves reclamó la inconsecuencia de alegar la salud fiscal para vetar la rebaja del marchamo y no haberlo hecho para negarse a sancionar la exclusión de las municipalidades de la regla fiscal. “El rescate del país necesita coherencia y no conveniencias políticas”, afirmó con solemnidad en noviembre del 2021.

Poco tardó Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista, en recordar que Chaves demuestra la misma incoherencia, pero más acentuada. “Por un lado, se opone a la reducción del marchamo, que en el 2021 apoyaba, y por otro, su gobierno apoya el proyecto 23330 que pretende romper por completo la regla fiscal”, afirmó el legislador, cuyo partido impulsa la rebaja del marchamo.

En suma, Chaves criticó a Alvarado, cuyo gobierno impulsó la regla fiscal, por no vetar la exclusión de las municipalidades y, en su lugar, oponerse a la reducción del marchamo. Hoy, el mandatario se opone a la rebaja del marchamo y su gobierno impulsa una ley para relajar la regla fiscal y excluir a la Refinadora Costarricense de Petróleo, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Fábrica Nacional de Licores, la Junta de Protección Social y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles.

La propuesta también excluiría los gastos de capital y el pago de intereses, con lo cual poco quedaría de la regla fiscal. Además, una de las primeras decisiones del Ejecutivo, a contrapelo del criterio de la Contraloría General de la República, fue la firma de un decreto para relajar la regla fiscal mediante un cambio de los criterios aplicables a la constatación del cumplimiento.

Hay divergencias sobre el cálculo de los recursos en riesgo si prospera la rebaja del marchamo. El gobierno habla de ¢118.000 millones anuales y la oposición estima entre ¢50.000 millones y ¢60.000 millones. En cualquier caso, no es todavía hora de negar sumas tan cuantiosas al erario. El veto anunciado se justifica por las mismas razones de responsabilidad fiscal alegadas en su momento por Alvarado. También es cierto que la regla fiscal requiere ajustes para responder a las necesidades de algunas instituciones, pero no tantas ni con tanta amplitud como la propuesta por el Ejecutivo.

Más allá de la razón que pueda tener el gobierno en estos dos casos, el acierto del presidente cuando proclamó, siendo candidato, la necesidad de actuar con coherencia, no tiene discusión. La consecuencia de apartarse de ese consejo es la pérdida de autoridad moral para defender sus iniciativas aun cuando sean correctas.