EscucharEn muchos países, hay pensiones con cargo, por lo menos parcial, al presupuesto nacional. A consecuencia de los cambios demográficos y el aumento de la esperanza de vida en casi todas las naciones, la contribución estatal comenzó a ganar terreno, causando problemas de equidad en el gasto público y enfrentamientos entre grupos sociales.
Es natural que los beneficiarios del gasto público aboguen por su expansión, siempre y cuando el costo lo asuman otros. Por eso, ejercen presión para que los beneficios de todo tipo se mantengan, incluidos los de regímenes especiales de pensiones, aunque la realidad haga dudar de su supervivencia financiera. Para lograrlo, organizan las protestas públicas que sean necesarias.
Otra característica de los regímenes de pensiones estatales es que, si bien los problemas de solvencia suelen identificarse con antelación, mediante proyecciones estadístico-financieras, las autoridades encargadas de las soluciones estarán tentadas a posponerlas si implican costos políticos presentes porque los beneficios de las reformas se dan en el futuro. Con frecuencia, prefieren cierta dosis de irresponsabilidad política intertemporal y postergan las respuestas indispensables.
Francia es un ejemplo sobresaliente. Una huelga de trabajadores del transporte tiene virtualmente paralizado el país desde hace cinco semanas, con todos los efectos perniciosos sobre empresas, trabajadores, estudiantes y turistas. A la protesta, se unieron trabajadores de hospitales, maestros y otros grupos para obligar al gobierno de Emmanuel Macron a dar marcha atrás a un proyecto de reforma cuyo propósito es simplificar los 42 regímenes de pensiones estatales y asegurar su base financiera. Los beneficiarios de esos regímenes contribuyen poco, se jubilan a los 62 años y, en promedio, reciben una pensión generosa durante 25 años. El costo alcanza un 14 % del producto interno bruto (PIB) de Francia y tiene postrada su economía.
En 1995, con Alain Juppé como primer ministro, el gobierno intentó reformar los regímenes de pensiones, pero las protestas sociales lo impidieron. Podría volver a ocurrir, aunque Macron, en campaña, había anunciado su intención de reformar el sistema de seguridad social. Una consecuencia del intento de reforma es que el grado de aprobación política de Macron, cercano al 60 % en el 2017, ahora ronda el 30 %. Sin embargo, hacer caso omiso del problema y dejárselo a futuros gobernantes, produciría una crisis fiscal y económica de gran magnitud.
En Francia, como en Costa Rica, las medidas indispensables para preservar el bien común encuentran oposición de grupos empeñados en sobreponer sus intereses al interés general. En Costa Rica, como en Francia, necesitamos políticos y agrupaciones políticas con mucha claridad sobre las exigencias del bienestar colectivo y dispuestos a dar las luchas necesarias para tutelarlo.
En materia de pensiones, la enseñanza de la experiencia local y mundial es el peligro de crear una pluralidad de regímenes públicos, dependientes del presupuesto nacional, para responder a la presión de grupos organizados y con capacidad de hacerse sentir. Para evitar el descalabro, es necesario un solo régimen, gobernado de conformidad con criterios técnicos para proporcionarle la solidez actuarial que a menudo soslayan las decisiones políticas.
La discusión en Costa Rica gira en torno a los regímenes del magisterio nacional, Hacienda y el Poder Judicial, entre otros que se sostienen con aportes de los beneficiarios y también con las contribuciones del Estado, es decir, con impuestos pagados por todos, aunque no todos tengan acceso a los beneficios.
