Con enérgicas pinceladas, al ser entrevistado por La Nación, el contralor general de la República, Samuel Hidalgo, trazó la realidad del Estado costarricense. Lentitud, chambonería, irresponsabilidad e impunidad podrían ser algunos de los sustantivos aplicables al desenvolvimiento del sector público.
Estos vocablos no los utilizó el Contralor, pero se desprenden de los hechos o experiencias que presentó. Por lo demás, no es necesario realizar un diagnóstico profundo del Estado costarricense o disponer del principio de autoridad de la Contraloría para conocer o descubrir el laberinto de nuestro aparato estatal. Su ineficiencia es pública y notoria. Se palpa en cualquier trámite. Se sufre en las calles, en los puertos, en la Tributación Directa, en los bancos, en la educación, en la seguridad ciudadana y hasta en la simple relación personal.
Pero lo más grave no son solo las perennes anomalías, sino la perenne pasividad de los gobiernos y de los políticos, y hasta de la sociedad civil, que ha soportado estoicamente, hasta perder el sentido de la reacción y de la sorpresa, tantas calamidades públicas durante tanto tiempo. De este modo, lo estrafalario se ha tornado pintoresco; la irresponsabilidad, una forma de ser; el despilfarro, moneda de curso corriente; la modorra, un derecho; la exigencia del deber, un acto de represión; la chambonería, un estilo; la corrupción, un acto de viveza. En suma, un país llamado, por sus innegables condiciones naturales y cívicas, a conquistar altas metas y a ser paradigma se empeña en quedarse rezagado, en malbaratar su patrimonio y en erizar de dificultades el camino del progreso social y económico.
Bien ha hecho el Contralor General de la República en hablar. Para eso existe: para investigar, para denunciar, para exigir responsabilidad. Y si sus informes a la Asamblea Legislativa, como es norma, solo han servido para atiborrar sus anaqueles, debe recurrir a los medios de comunicación para espolear, provocar y hasta exacerbar. Si por algo merece crítica la Contraloría durante muchos años, es por su excesivo recato, así como el Ministerio Público por su inexplicable reverencia ante el cúmulo de actos contrarios a la recta administración de los recursos públicos. En materia de controles públicos, como sabemos, no existen la modestia ni la humildad. Estas son virtudes del ámbito personal.
De acuerdo con el Contralor General de la República, el MOPT es una tragedia nacional, las municipalidades no saben ni hacer un presupuesto, las universidades elaboran los suyos a la ligera, los negociadores de las convenciones colectivas han marginado el interés público, los carteles de muchas instituciones --entre ellas el ICE-- son desastrosos... No es necesario continuar. Las pérdidas han sido, durante muchos años de desidia y clientelismo político, gigantescas. Y, por supuesto, han quedado impunes. No obstante, la reforma del Estado camina lenta y confusamente, los interesados en mantener el statu quo y el desorden disponen de todos los medios para entorpecer el cambio.