La embajadora Elayne Whyte, sobresaliente en el cuerpo diplomático por sus conocimientos y experiencia, niega toda relación entre un informe crítico de su gestión como representante de Costa Rica ante la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, y su retiro del cargo. La funcionaria atribuye su regreso a la Casa Amarilla, en San José, a la política de rotación del personal diplomático cada cuatro o cinco años.
No obstante, la coincidencia entre el informe y la decisión de repatriarla es innegable. No hay en los hallazgos cuestionamientos éticos, salvo el uso del vehículo oficial para asuntos personales. La embajadora niega el cargo y es difícil precisar cuándo, en un puesto como el suyo, el uso del vehículo es personal.
El grueso de los reclamos contenidos en el informe se refiere al clima organizacional de la oficina en Ginebra, es decir, al trato con el personal. Según el informe, “se logró identificar abuso de poder por parte de la jefatura de misión en cuanto a temas tales como trato al personal, funciones, aprobación de vacaciones y contratos de trabajo”.
Entre las quejas destacadas, figuran jornadas de trabajo superiores a 50 horas semanales sin pago de jornada extraordinaria. Whyte señala las particularidades de la función diplomática y apunta que no es igual trabajar en una oficina pública en Costa Rica que en una misión en el extranjero, “por ejemplo, en las negociaciones sobre cambio climático (la COP25, en Madrid), donde las conversaciones se extendieron a sábado y domingo hasta la madrugada”.
Pero el informe es, precisamente, obra de funcionarios de una institución pública ajena al Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería mantiene un convenio de cooperación con el Ministerio de Cultura y fueron empleados de esa entidad los encargados de rendir el informe sobre la gestión de Whyte. Según la embajadora, estudios como el citado no son práctica común en el Ministerio de Relaciones Exteriores y ella alberga dudas sobre la calidad del documento.
Trabajar en el extranjero, desempeñando funciones muy diferentes a la rutina de un despacho en San José, exige consideraciones especiales, poco frecuentes en las operaciones de la burocracia interna. “Tenemos un régimen jurídico aparte para la diplomacia. El sistema de inmunidades y privilegios no se acaba cuando el funcionario apaga la computadora. Los sigue teniendo si camina por la calle o va en el bus”, dice Whyte.
En el curso de su larga carrera, Whyte ha sido viceministra de Relaciones Exteriores, profesora universitaria, embajadora y directora ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, una iniciativa para la integración y desarrollo de la región. Presidió la Conferencia de las Naciones Unidas que adoptó el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares. También desempeñó un papel destacado en la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación en Nicaragua.
Nunca, a lo largo de los años y en el desempeño de tal variedad de funciones, hubo denuncias de despotismo o maltrato a subalternos. Llaman la atención la naturaleza de las quejas y el tono de las confrontaciones relatadas en el informe, en especial porque la representación en Ginebra es atendida por un puñado de funcionarios, en su mayoría de alto rango. El nivel de esos servidores haría pensar en un elevadísimo grado de compromiso, más allá de los horarios regulares y el pago de tiempo extraordinario. Cincuenta horas, vale recordar, son apenas dos más que la jornada semanal establecida por el Código de Trabajo.
Whyte vuelve al país para trabajar en la Casa Amarilla. Ojalá se le asignen funciones a la altura de su experiencia y los logros conseguidos a lo largo de su carrera. El servicio exterior no está en posición de desperdiciar talento.