EscucharLa calificadora internacional Standard & Poor´s degradó la nota de riesgo soberano asignada a Costa Rica de B a B- (B con perspectiva negativa). Fitch Ratings y Moody´s ya habían hecho lo mismo. La nota asignada dice que los títulos de deuda emitidos por el gobierno no tienen la misma seguridad de pago de los títulos con “grado de inversión”, y más bien bajaron de la quinta a la sexta posición entre los considerados “especulativos”. La perspectiva negativa indica que la nota podría bajar aún más en los próximos 12 meses si los calificadores no ven signos de mejora.
En la calificación pesó la debilidad de las finanzas públicas desde finales del año pasado —alto déficit y endeudamiento y necesidad de recurrir a más deuda en el futuro cercano—, el incremento de las dificultades por la pandemia de la covid-19, que reducirá la recaudación e incrementará los gastos del gobierno y las malas señales enviadas al mercado internacional por falta de compromiso con la regla fiscal, como lo demostró la exención concedida a las municipalidades. También influyó la inestabilidad de la conducción hacendaria, causada por la salida del ministro Rodrigo Chaves después de insistir al presidente sobre la necesidad de vetar la reforma municipal.
A finales del 2019, las medidas de ajuste fiscal iban bien encaminadas y había esperanza de mejorar la calificación de riesgo, pero en Costa Rica no hay garantía de coherencia entre lo dicho y lo hecho. Las calificadoras observaron desviaciones e hicieron ajustes para reflejarlas. El año pasado, las autoridades cuestionaron la calificación recibida de Fitch, alegando que no había prestado suficiente atención a las medidas correctivas, pero la calificadora decidió esperar a ver la ejecución del programa.
Poco después, renunció la ministra de Hacienda Rocío Aguilar, cuyo diligente desempeño del cargo se vio interrumpido por una sanción injusta. El gobierno nombró en su lugar a Rodrigo Chaves, alto funcionario del Banco Mundial cuya experiencia macroeconómica estaba fuera de toda duda. Chaves abogó por mantener control sobre el crecimiento del gasto público, mejorar la recaudación con programas modernos de cómputo y vender activos no esenciales —como el Banco Internacional de Costa Rica— para lograr el equilibrio fiscal.
A escasos seis meses de su nombramiento, dejó el cargo “por diferencias de perspectiva” con el presidente Carlos Alvarado, a quien había pedido vetar la ley que abrió el tubo del gasto a las municipalidades. Esos acontecimientos confirmaron las dudas de las calificadoras internacionales de riesgo sobre la firmeza de las políticas económicas adoptadas por Costa Rica.
La calificación B- está a solo un paso de CCC, que es la de los bonos de Argentina, por ejemplo, e implica la existencia de un “riesgo sustancial” de impago. La degradación, en todo caso, aumentará el costo del endeudamiento futuro porque cuanto mayor riesgo, mayor rendimiento exige el mercado. La deuda costarricense ya es demasiado alta y aumentará en el futuro cercano, con lo cual la carga de intereses podría tornarse insoportable y restringir todavía más el gasto en importantes rubros del presupuesto nacional.
La mala noticia no es solo para el Gobierno Central, sino también para el resto de instituciones públicas y para los deudores privados, pues el criterio de “techo soberano” impide que un emisor de deuda privada puede tener mejor calificación de riesgo que el país donde opera porque —como se ha visto en Argentina una y otra vez—, cuando un país entra en problemas financieros con repercusión sobre la balanza de pagos, a los deudores privados suele limitárseles la posibilidad de girar pagos al exterior aunque cuenten con los recursos necesarios.
Si bien las calificadoras internacionales de riesgo no siempre han anticipado los problemas globales, como sucedió con la crisis del mercado hipotecario estadounidense en el 2007-2009, en general hacen un buen análisis de la capacidad de pago de los emisores de deuda, sean empresas privadas o gobiernos, y dan un importante insumo a la comunidad internacional de inversionistas. Ningún país puede hacer caso omiso de su opinión, so pena de pagarlo muy caro.
