EscucharEl vicepresidente de Ecuador, Alberto Dahik, renunció a su cargo, el jueves pasado, tomó un avión a medianoche, piloteado por él, aterrizó en Costa Rica y pidió de inmediato asilo político. ¿Temor a la justicia o, como él dijo en sus primeras declaraciones a la prensa nacional, temor por su vida por la desconfianza en la justicia de su país? He aquí el dilema.
Esta solicitud de asilo confirma el tradicional prestigio de Costa Rica en este campo. ¿Puede haber un honor más alto que un ciudadano de un país extranjero, al ver pisoteados sus derechos fundamentales e incapaz de hacerlos valer en los tribunales de su patria, toque nuestras puertas? Costa Rica las ha abierto siempre con generosidad desde los albores de su independencia.
El quid está en discernir cuándo se trata de persecución política y cuándo de evasión de la justicia. Aquí radica la decisión de nuestra Cancillería ante el pedido del exvicepresidente de Ecuador.
No no corresponde emitir criterio sobre el fondo del asunto. Esta materia, como todo lo relacionado con la justicia y la libertad, es especialmente sensible, máxime cuando intervienen las querellas e intereses políticos. Con todo, conviene sopesar dos circunstancias, una a favor del solicitante y otra en contra. En cuanto a la primera, militan en su beneficio sus fuertes y públicas denuncias acerca de actos de corrupción cometidos por los partidos de oposición y la absolución, según su decir, dictada por el parlamento ecuatoriano en un juicio político incoado contra él, donde el Poder Ejecutivo, del cual el acusado era vicepresidente, solo tiene a su favor ocho diputados de los 79 que componen la totalidad de los votos.
En su menoscabo concurre el hecho de que la Corte Suprema de Justicia de su país exigió la presentación de los microfilmes de las cuentas de Dahik, depositadas en el Banco Central de esa nación, mas el Gobierno dispuso no entregarlas aduciendo que son documentos secretos. Esta reserva indujo a la Corte a dictar una orden de detención que no cuajó por la salida abrupta del país del imputado. En su descargo, este aduce que el Poder Judicial de Ecuador no es digno de confianza y que se encuentra sometido a poderosas presiones políticas. En todo caso y aunque exista un decreto gubernamental sobre el secreto de estos gastos, cuya legalidad no nos compete cuestionar, creemos que la presentación de los documentos solicitados habría sido una prueba incontestable de transparencia y de rectitud en la administración de los recursos públicos.
La solicitud de asilo planteada debe, en consecuencia, analizarse con sumo cuidado, pues si nos enaltecen estas peticiones, también podríamos desacreditar este instituto jurídico y causar mengua a nuestro buen nombre en este campo, al otorgarlo por razones de amistad o por presiones internas y externas. En este sentido, el antecedente del asilo político concedido en el Gobierno anterior al expresidente de Venezuela, Jaime Lusinchi, y a su secretaria, Blanca Ibáñez, no fue una decisión acorde con la majestad y fundamentos del derecho de asilo. Las severas y bien fundadas críticas formuladas dentro y fuera de Costa Rica por esa generosa determinación no engalanan, por cierto, nuestro historial en esta materia. Estos errores no deben repetirse.
