Un reportaje publicado el martes último por el diario norteamericano The New York Times, sobre el cual informamos en nuestra edición de ayer, describe con lujo de detalles la guerra comercial desatada contra Costa Rica y Colombia por el senador Robert Dole, jefe de la bancada republicana de la Cámara Alta y principal aspirante a la candidatura presidencial por su partido, para favorecer a un importante contribuyente de su campaña política. Estos hechos, denunciados previamente por TheWall Street Journal, se suman a una serie de cuestionamientos que ponen en tela de duda la transparencia del postulante y de algunas de sus actuaciones en el Capitolio.
La así llamada "guerra de los bananos", originada en la discriminación alegada por la compañía estadounidense Chiquita Brands International, en razón del sistema de cuotas para la importación de la fruta impuesto por la Unión Europea, no parece tener otra justificación que los generosos aportes de Carl Lindner, dueño de la citada empresa, a los esfuerzos presidenciales de Dole. Más grave aún, la extraña iniciativa ha recibido el respaldo de legisladores demócratas, también beneficiarios de las donaciones de Lindner, de sus parientes y sus diversos consorcios comerciales.
Que un empresario haya procurado comprar influencias en las mayores agrupaciones políticas no es nada nuevo. Es algo que, desafortunadamente, suele ocurrir hasta en las democracias más avanzadas. Lo insólito ahora es que se pretende tomar represalias económicas desmesuradas contra dos naciones soberanas con motivo de medidas puramente mercantiles que no perjudican los empleos de estadounidenses ni mucho menos al consumidor norteamericano. Lo que verdaderamente está en juego es la rabieta de Lindner por su rezago en una competencia con otras empresas que sí lograron anticipar las restricciones del mercado europeo. Este aspecto, subrayado por los citados periódicos y advertida por varios parlamentarios, vierte un tono de corruptela sobre la maniobra de Dole.
No es la primera vez que el senador y postulante presidencial se pone en entredicho. Hace pocas semanas, tras atacar duramente a la industria cinematográfica y a las cadenas de televisión por difundir violencia y pornografía, impidió la promulgación de normas para frenar esos vicios porque habrían afectado negativamente las utilidades de dichos consorcios. La duplicidad en este capítulo fue puntualizada por la prensa a raíz de revelaciones acerca de las fuertes sumas recibidas por el campo de Dole, precisamente, de aquellas entidades blanco de su aparente ira retórica.
El cuestionamiento ético de Dole arriesga poner en entredicho la ventaja moral aducida por los republicanos con respecto al presidente Bill Clinton, cuya reputación se ha visto opacada por líos de faldas y pecados financieros. No es que los demócratas hayan evadido la seducción de Lindner, poderoso contribuyente a las arcas de la campaña para la reelección de Clinton. El problema es que tales denuncias refuerzan la percepción generalizada de Dole como exponente de una praxis política censurada por los votantes y causa del descalabro electoral demócrata en noviembre de 1994. Tal factor, ahondado por la irresponsable asignación de castigos injustos a países amigos por razones espurias, nada bueno presagia para una eventual presidencia de este aspirante republicano. Quedamos notificados.
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