EscucharEl diputado Ottón Solís planteó un proyecto de ley para cerrar el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito). La propuesta traslada los negocios y activos de la atribulada entidad financiera estatal al Banco de Costa Rica (BCR). El cálculo del valor neto estaría a cargo de una junta liquidadora que deduciría los recursos necesarios para cancelar las prestaciones del personal y entregaría el resto al BCR en pago de deudas del Gobierno.
Las reiteradas crisis de Bancrédito, como lo hemos venido señalando en nuestros editoriales, hacen dudar de las soluciones propuestas para mantenerlo abierto. Entre esos editoriales y la exposición de motivos del proyecto de ley hay importantes coincidencias. Quizá la iniciativa llegue en mal momento, porque todo indica la existencia de una obstinada decisión del Poder Ejecutivo de mantener la institución a flote.
Tanto es el empeño y tan claras las razones para dudar de la viabilidad y utilidad de Bancrédito, que los esfuerzos de la Casa Presidencial parecen inspirados por la intención de evitar la responsabilidad política de cerrar un segundo banco estatal, luego de la clausura del Anglo durante la administración de don José María Figueres.
Pero Bancrédito pasa de crisis en crisis y las medidas adoptadas desde hace años para mantenerlo a flote no dan resultado. Otros bancos estatales y el erario han sido llamados a prestar auxilio, como sucedió en el 2008 con una capitalización de $17,5 millones. También se le han concedido negocios exclusivos, como la recaudación del impuesto sobre la renta, el cobro del impuesto de salida, la venta de timbres y especies fiscales, la administración de una parte de los fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo (el Fideicomiso Nacional para el Desarrollo, Finade) y el servicio de cajas en las tiendas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Algunos de esos negocios, como el pago del impuesto de salida, desaparecieron, en este caso por el cobro más eficiente del tributo al momento de pagar el boleto aéreo, pero ninguno de ellos justifica la existencia de todo un banco. Las actividades propiamente bancarias de la entidad son la fuente de sus problemas y su justificación histórica también se hundió en la obsolescencia. Más bien se convirtió en una debilidad.
Bancrédito nació en 1918 para promover el desarrollo agrícola de Cartago, recuerda la exposición de motivos antes de señalar: “Esta especialización sectorial y geográfica pudo haber resultado exitosa cuando la economía nacional estaba concentrada en actividades agrícolas alrededor de las cuatro capitales provinciales situadas en el Valle Central”, pero el cerrado campo de acción geográfico y económico se convirtió en un lastre según se fueron desarrollando otras actividades productivas y la infraestructura del país. Eventualmente, dice el proyecto de ley, el carácter local de Bancrédito afectó su capacidad para diversificar el riesgo y le generó vulnerabilidades ante acontecimientos críticos en su limitado entorno.
Actualmente, las funciones asignadas a la entidad financiera en Cartago las cumplen de sobra otros bancos estatales y ya es difícil saber si Bancrédito, con sus grandes oficinas frente al Parque Central de San José, es un banco capitalino o provincial. La mayoría de sus sucursales están fuera de Cartago, lo cual no implica una verdadera expansión de sus operaciones en el resto del país porque, en todos los casos, su presencia es modesta en relación con los otros grandes bancos del Estado.
Bancrédito no es eficiente y lanzarse, una vez más, a buscar funciones para una entidad tan atribulada es poner la carreta delante de los bueyes. En 1918, se fundó un banco en Cartago porque las actividades agrícolas requerían de sus servicios. Había una necesidad preexistente. Ahora, el gobierno se lanza a buscar necesidades que justifiquen la preservación de aquel banco. Es el proceso inverso, y difícilmente conducirá a una mejoría del sistema financiero estatal. El proyecto del diputado Solís merece consideración urgente.
