EscucharEl 27 de enero del 2010, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra el Decreto Ejecutivo No.31078-S, emitido para regular las investigaciones clínicas. Los magistrados no prohibieron la actividad, simplemente señalaron la necesidad de normarla mediante ley. La dignidad de la persona, el derecho a la salud y el rigor de la supervisión ética y científica necesaria, son valores trascendentales cuya regulación no puede ser confiada a un decreto emanado del Poder Ejecutivo.
Existía, por otra parte, una vigorosa y creciente industria de la investigación clínica, apta para generar empleos de alto nivel técnico y científico, especialmente para los médicos, microbiólogos y farmacéuticos. Veinte mil pacientes habían participado en 200 estudios, bajo consentimiento informado y sin que jamás hubiera denuncias de malas prácticas o perjuicios.
Los pacientes se beneficiaron de la creación de 25 nuevos medicamentos, así como de tratamientos experimentales contra el asma, la hipertensión, el cáncer, la diabetes y el VIH sida. Los investigadores aprendieron mucho y el país se convirtió en uno de los líderes en el campo biomédico pero, el 27 de enero del 2010, dejó su posición de privilegio para convertirse en la única nación del planeta donde este tipo de investigación no está permitida.
La urgencia de darle un marco legal a las investigaciones clínicas no admitía duda. De inmediato surgieron propuestas de legislación y se introdujeron en la corriente del Congreso. Entonces, pasó lo usual. La Asamblea Legislativa tardó casi cuatro años para producir una ley, aprobada en primer debate en noviembre. La Sala Constitucional la tuvo en consulta otros cuatro meses y hace un par de semanas la devolvió al Congreso sin objetar su constitucionalidad. Falta el segundo y último debate, pero los conocedores del trámite no lo creen probable antes de la juramentación de los nuevos diputados, el primero de mayo.
Es imposible decir cuánto tiempo se tomarán los legisladores para someter el proyecto a segunda votación. Para entonces, si las cosas marchan bien, habrán transcurrido unos cuatro años y medio desde el día en que el país se quedó sin regulaciones para la investigación médica. En ese lapso, Costa Rica pasó de estar entre los primeros en el campo a ser uno de los últimos.
En un primer momento, los investigadores se vieron obligados a cerrar 124 ensayos clínicos. Con el paso del tiempo, unas 20 instituciones dedicadas a la investigación cerraron y despidieron al personal. La inversión extranjera cesó y las empresas farmacéuticas trasladaron la actividad de investigación a países como Panamá y Guatemala. Con ellas se fueron muchos científicos nacionales y otros procuraron trabajo en actividades diversas.
El panorama de la otrora floreciente industria es hoy de desolación. Según los expertos, será difícil recuperar el terreno perdido. Hay estudios muy avanzados en otros países, donde los cuatro años perdidos por Costa Rica fueron aprovechados para ganar experiencia y atraer inversión.
La ministra de Comercio Exterior, Anabelle González, hizo en varias ocasiones hincapié en ese último aspecto y en las oportunidades perdidas. Pese a la ausencia de una ley reguladora de las investigaciones clínicas, el sector de ciencias de la vida ha creado miles de puestos de trabajo en los últimos años.
Amén de la creación de empleo, la investigación permite a los científicos del país participar en el avance de la ciencia y aprovecha las capacidades desarrolladas por instituciones de educación superior y centros de investigación como el Cenibiot, el Instituto Clodomiro Picado y el INBio. Es un medio de transferencia de tecnología y resulta indispensable para la ciencia médica. Nada de eso es posible todavía en el país porque, como si no se hubiera perdido un tiempo valioso, el Congreso aún no pronuncia la última palabra.
