El censo es un instrumento de desarrollo y cancelarlo o atrasarlo, uno de los peores negocios que puede hacer el país. Faltan ¢2.872 millones para ejecutarlo, pero ya se han invertido, cuando menos, ¢4.000 millones en su preparación. El Gobierno alega escasez de recursos para justificar el recorte de las partidas necesarias. El presupuesto de este año asignó ¢2.500 millones al Instituto Nacional de Estadística y Censos, suficiente para llegar hasta el día previo al trabajo de campo, dice Elizabeth Solano, coordinadora de censos, pero no para pagar a los maestros encargados de recabar la información. Tampoco alcanza para darles transporte y el apoyo necesario para visitar un millón y medio de hogares.
La inversión hecha hasta ahora no es el principal costo de cancelar el trabajo programado para la semana del 30 de mayo al 3 de junio del 2011. Podría más bien representar una minucia frente al costo de conducir las políticas de gobierno a ciegas, especialmente en el área social. Sin censo, la adjudicación de recursos corre el riesgo de tornarse ineficiente y la identificación de necesidades incierta.
Los datos derivados del censo sirven para diseñar programas en todos los ámbitos del quehacer gubernamental, desde la seguridad ciudadana hasta la educación pública, pasando por los programas asistenciales y la lucha contra la pobreza. También son importantes para el desarrollo económico y empresarial. Por eso el país no puede darse el lujo de depender de datos con diez años de desfase.
Édgar Gutiérrez, director de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, pone el problema en perspectiva cuando dice: “Los países que se llaman desarrollados no escatiman recursos para obtener esa información. Solo los países atrasados y con miopía política sacrifican recursos destinados a la obtención de información para el desarrollo y los dedican a otros fines”.
El contraste entre la decisión de desfinanciar el censo y las aspiraciones modernizadoras de Costa Rica es dramático. El país pretende transitar por la ruta del gobierno digital. Ha dado importantes pasos en esa dirección. La modernización está en boca de técnicos, políticos, empresarios y ciudadanos en general. El propio censo pretendía ofrecer el año entrante innovaciones, como la digitalización de los datos a partir de boletas escaneadas y la integración de la información con la cartografía, para facilitar y aumentar su utilidad en todos los campos. El traspié del censo va a contrapelo de esas aspiraciones y, como lo señala Gutiérrez, es un fenómeno propio de países atrasados.
La situación fiscal es un problema de consideración y este periódico no ha dejado de señalarlo, tanto en sus páginas informativas como en un sinnúmero de editoriales. Los ingresos no cubren los gastos y el Gobierno recurre a estrategias de financiamiento de dudosa base constitucional. Es necesario frenar el gasto, pero hacerlo exige un detenido análisis de los costos y beneficios de los programas afectados.
Los ¢2.872 millones necesarios para completar el censo no representan una suma inalcanzable en el marco del Presupuesto Nacional, donde seguramente existen rubros menos urgentes. Ante la necesidad de financiar una labor tan importante, la misión del Ministerio de Hacienda debe ser encontrar los fondos en el plan de gastos y no limitarse a señalar la pareja necesidad de hacer recortes.
Laura Alfaro, ministra de Planificación, se declara partidaria de la ejecución del estudio y promete emprender una búsqueda de fondos en los países amigos. Si el financiamiento llegara por vía de la cooperación internacional, miel sobre hojuelas, pero si no, el esfuerzo de financiamiento nacional está más que justificado.
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