La tragedia está anunciada. Se compondrá de una serie de graves trastornos a lo largo de los próximos años, y las medidas adoptadas para prevenirlos ya fracasaron. El desarrollo urbano traspasó el anillo de contención de la Gran Área Metropolitana e invadió 102 kilómetros cuadrados de terrenos no aptos para la urbanización. Deslizamientos, inundaciones y sismos originados en fallas geológicas locales cobrarán al país el precio de su crecimiento desordenado. En el plano ambiental, las preocupaciones se centran en la cercanía del desarrollo a amplias zonas de recarga acuífera cuya protección es de indiscutible necesidad.
Leonardo Merino, coordinador adjunto de investigación del programa Estado de la Nación , adjudica la responsabilidad del desorden a las deficiencias de las municipalidades y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), responsable de dar seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo Urbano vigente desde 1982.
Carlos Retana, coordinador de la Unidad de Planificación Territorial del INVU, acusa a las advertencias de exageradas y critica las pretensiones de “algunos ambientalistas”, empeñados en una protección “irracional” de zonas allende el fracasado anillo de contención. Acto seguido, reconoce la existencia de problemas y los achaca a la excesiva permisividad de las municipalidades, el alto costo de las tierras dentro del anillo de contención y la construcción de vivienda de interés social, sin tomar en cuenta la necesidad de infraestructura y servicios básicos.
Lo cierto es que algún día, no muy lejano, los técnicos estuvieron de acuerdo en la necesidad de ordenar el uso del territorio y, para hacerlo, dibujaron un anillo de contención en torno a la urbe. Ahora, en una extensa área del Valle Central, solo queda el dibujo, pese a la reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional, sistemáticamente opuesta a la expansión del anillo. Revertir el desarrollo de las zonas vulneradas es difícil, por no decir imposible, pero urge la adopción de las medidas necesarias para tomar control del crecimiento y prevenir los peligros inminentes.
Un esfuerzo de seis años, financiado con una donación de 15 millones de euros, quedó en la nada en el 2010 cuando el INVU rechazó el Proyecto de Planificación Regional Urbana de la Gran Área Metropolitana (Prugam). Según la institución, el proyecto está plagado de inconsistencias y más bien pondría en riesgo las zonas de protección ambiental, por lo cual decidió aprovechar los estudios ejecutados en el marco del Prugam para formular una nueva propuesta. La reglamentación surgida de esa iniciativa ya está en manos del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos para su revisión y envío al Consejo de Gobierno. El plan surtiría efectos sobre 31 cantones ubicados entre Paraíso de Cartago y Atenas de Alajuela, con proyección de unos treinta años.
El replanteamiento exigido por el INVU no estuvo ayuno de polémica, pero independientemente del resultado, es importante señalar la pérdida de un tiempo valioso e irrecuperable a efectos de la protección exigida por las zonas afectadas. El traspié del Prugam no era inevitable, no solo por el abundante financiamiento disponible y el tiempo dedicado a desarrollarlo, sino también porque el INVU fue invitado a participar en su elaboración, con lo cual pudo haber prevenido los aspectos que motivaron el rechazo final.
La institución se abstuvo de participar argumentando falta de personal y recursos. Al final de la Administración Arias Sánchez, el presidente ejecutivo, Alfredo Bolaños, también negó tener las competencias necesarias para aceptar la invitación formulada por los responsables del proyecto, pero la entonces ministra de Vivienda, Clara Zomer, afirmó que la institución tenía el deber de involucrarse. “Teníamos la confianza de que estaba siendo supervisado. Posiblemente se vieron las cosas desde un punto de vista parcial. No se vieron en su conjunto. No sé qué pudo haber pasado”, dijo la funcionaria.
El forcejeo burocrático, el desorden de los gobiernos locales y la falta de articulación y coherencia entre decenas de normas e instituciones relacionadas con el tema conspiraron para crear un problema cuyos efectos solo podrán paliarse si el país no tarda en actualizar los planes de ordenamiento y pone detrás de ellos la voluntad necesaria para hacerlos respetar.
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