Opinión

EDITORIAL

Equilibrio fiscal

Actualizado el 22 de junio de 2015 a las 12:00 am

El impacto fiscal de los salarios no se resuelve con un ajuste conservador, ahora que la inflación es baja, sino con una reforma de la política salarial

Los gestos puntuales, como un presupuesto sin aumento, deben ir acompañados de reglas fiscales para garantizar el equilibrio futuro

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La contralora general de la República, Marta Acosta, hizo ante la Asamblea Legislativa una valiente y puntual defensa del informe anual de la institución a su cargo. Urgió un acuerdo para evitar el descalabro fiscal e instó al Gobierno y a la oposición a ceder en algunas de sus posiciones para poder avanzar. La Contralora lleva mucho de razón. El problema, sin embargo, responde a visiones muy distintas del papel del Estado y el modelo de desarrollo.

k Dos tesis. La Contralora planteó dos tesis contrapuestas: la impulsada por el Gobierno, tendiente a subir impuestos y aumentar la recaudación de los existentes sin efectuar ningún esfuerzo significativo por la vía del gasto, y la de la oposición, opuesta firmemente a tramitar nuevas cargas tributarias sin que antes el Gobierno haya dado muestras fehacientes de reducir la expansión de los egresos. Ambos deben ceder un poco –agrega– para evitar el descalabro. Estamos de acuerdo, pero es preciso tener extremo cuidado de no debilitar la estabilidad futura a cambio de una mejoría temporal. Los impuestos son permanentes. La reducción de las erogaciones, en cambio, puede ser fugaz. Todo acuerdo debe partir de la adopción de nuevas reglas fiscales erigidas por encima de los ejercicios presupuestarios anuales para que sea sostenible en el tiempo.

La situación presupuestaria descrita con amplitud en el informe de la Contraloría es ya bastante conocida. Una tercera parte del presupuesto se va en salarios y en los consabidos pluses que incrementan el gasto de forma automática, independientemente de la inflación y los ajustes salariales semestrales. El problema no se resuelve, entonces, con un ajuste salarial conservador, ahora que la inflación es baja, sino con una reforma de la política salarial. El Gobierno no ha expresado un interés genuino de emprender la tarea. Se ha limitado a exteriorizar algún interés por entrar en una negociación con los sindicatos públicos, de la que poco, o nada, podría salir. A la oposición le corresponde asir el toro por los cuernos. Debe realizar un esfuerzo concertado y aprobar una ley para racionalizar las remuneraciones en el sector público (incluidos entes descentralizados y empresas públicas), aunque ello implique un sacrificio político inicial, en beneficio de los intereses más generales y permanentes del país. Ceder en este tema podría ser fatal.

Las transferencias, las pensiones a cargo del Estado y el servicio de la deuda pública acumulada son, también, partidas permanentes y crecientes a las que se les debe imponer una solución definitiva, aunque sea impopular. Ante ellas, la voluntad del Ejecutivo es muy endeble. Más bien ha demostrado ser proclive al gasto. El presupuesto ordinario que actualmente se está ejecutando representaba un incremento del 16% con respecto al del 2014 y, aunque posteriormente se redujo un poco ante la oposición a los recortes del Frente Amplio, cuya visión es expansiva, siempre significa un incremento muy superior al crecimiento real del PIB. En ese mismo presupuesto se incluyó un aumento del 13% del fondo estatal para financiar a las universidades públicas (FEES), también excesivo ante el magro crecimiento de la producción. La paradoja es que las universidades siempre quieren más y más, pero nunca están dispuestas a discutir públicamente la eficiencia y eficacia de sus gastos, ni los excesivos niveles salariales que disfrutan todos sus empleados. Las remuneraciones de los profesores universitarios se han disparado en los últimos años, y hasta los choferes y jardineros con antigüedad ganan sumas extraordinarias en esos centros educativos, que deberían educar con el ejemplo.

El gasto en educación se lleva un porcentaje muy elevado y se pretende incrementarlo hasta llegar a un porcentaje equivalente al 8% del PIB, también creciente año con año conforme se expande el PIB nominal, no el real que es mucho menor. Ahí hay una bomba de tiempo, sobre todo si se piensa que el aumento tan significativo en educación en los últimos años se ha ido en sueldos y salarios, sin ninguna relación con la calidad de la educación o la infraestructura, según demostró un pormenorizado estudio de la Academia de Centroamérica. Es un problema de fondo que se debe racionalizar y en el que ceder también sería muy peligroso. Lo fácil y populista es tener contentos a los maestros y profesores; lo difícil es exigir nuevos estándares educativos. Se requiere visión y agallas.

Algo similar sucede con los proyectos para trasladar a las municipalidades un 10% del presupuesto nacional. El presidente, Luis Guillermo Solís, se pronunció a favor de lo que podría ser un nuevo descalabro fiscal. Ojalá cambie de opinión.

Hay muchos otros rubros que fácilmente se pueden recortar, como propaganda oficial innecesaria, cuyo único objetivo es levantar la imagen del Gobierno; consultorías, viajes al exterior (empezando por los del Presidente de la República y sus ministros), horas extras, incapacidades y otros rubros identificados por el diputado Ottón Solís el año pasado durante la tramitación del presupuesto. En esa oportunidad, la incapacidad de la oposición para ponerse de acuerdo e imponer los recortes hizo fracasar la iniciativa. Esperamos que esta vez no corramos la misma suerte. Esto nos lleva a discutir otro asunto muy delicado: la tramitación del presupuesto ordinario para el 2016.

k Presupuesto 2016. El ministro de Hacienda, Helio Fallas, ha reiterado su deseo de presentar un proyecto de presupuesto ordinario con cero incrementos para el 2016. En principio, nos parece bien, pero es necesario exponer tres consideraciones esenciales. La primera es que en un presupuesto tan grande es posible restringir fácilmente ciertos rubros (inversión) para privilegiar otros (sueldos y salarios) y mantener un equilibrio numérico pero distorsionado en su distribución. El diablo está en los detalles. La segunda es que no sería difícil lograr una tasa de cero crecimiento con una inflación tan baja. El reto es reducir el déficit de manera sostenible pues, si no, fácilmente se podría deshacer el hechizo en períodos subsiguientes. Como dice otro viejo refrán, una golondrina no hace verano. La tercera es que un bajo crecimiento presupuestario no debe alegrar el ojo de la oposición y hacerla creer en un acto sincero de contrición. Las cosas pueden variar en ejercicios presupuestarios subsiguientes. Por eso, los gestos puntuales deben ir acompañados de reglas fiscales para garantizar la compostura fiscal, antes de aprobar nuevos impuestos. Y en esto, de nuevo, tampoco se debe ceder.

El Gobierno nunca ha querido hablar oficialmente de reglas fiscales para encasillar el gasto, el déficit y el crecimiento de la deuda pública, y colocarlos dentro de límites racionales de carácter vinculante. Trascendió que solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) una asesoría técnica para elaborar el proyecto, pero no ha vuelto a mencionar el asunto ni está entre los planes oficiales. Eso nos parece sumamente preocupante, pues las reglas fiscales con sanciones efectivas podrían ser la única garantía contra el despilfarro.

k Dos visiones. En el fondo, hay dos visiones muy distintas del papel del Estado y el modelo de desarrollo. El Gobierno y la fracción legislativa del PAC, apoyados por la del FA, suscriben una visión proclive a expandir la intervención del Estado en la economía, para lo cual es necesario mantener o incrementar el gasto y financiarlo con nuevos impuestos. También se inclina por restringir la apertura, posponer la incorporación a la Alianza del Pacífico sin ninguna razón de fondo y es muy proteccionista. El viceministro de Hacienda, Francisco Pacheco, achacó la situación fiscal a los tratados de libre comercio al decir que “según sus cálculos, el país ha dejado de percibir ingresos equivalentes al 2,5% del PIB por las desgravaciones arancelarias que conllevan estos acuerdos”. Si recordamos que el PAC hizo toda una cruzada en contra del TLC, vemos con claridad las diferentes estrategias de desarrollo. Una pretende más Estado y menos mercado; la otra, más mercado y un Estado eficiente, pero no necesariamente más grande y dispendioso. Y en esta diferencia fundamental tampoco debe ceder la oposición.

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