EscucharHace cinco años, la Caja Costarricense de Seguro Social entró en crisis. Un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una comisión de notables y la propia administración coincidieron en depositar la culpa en el desmedido crecimiento de los gastos de planilla.
Durante la presidencia ejecutiva del Ing. Eduardo Doryan, la institución contrató 10.000 empleados, creó nuevos beneficios y concedió grandes aumentos salariales. Pronto quedó al borde del colapso. Los pluses salariales, el pago de tiempo extraordinario, la cesantía, las guardias y disponibilidades médicas se sumaron al desbordado costo de la planilla para elevarlo del 65% al 75% del gasto total.
Con el agua al cuello, la institución prometió tomar medidas para racionalizar el gasto. El diagnóstico de la OPS y el informe de los notables constituían un plan de ruta. Poco se ha avanzado, dice el más reciente estudio del Programa Estado de la Nación. Más bien se ha retrocedido.
Con bombos y platillos, la administración anunció en el 2012 la marcha atrás del plan para aumentar el tope de cesantía a 20 años. Hace un par de meses, La Nación publicó un reportaje dando cuenta de la tomadura de pelo. La decisión nunca quedó en firme y la cesantía será de 20 años a partir del 2016. Rolando Barrantes, representante del gobierno en la Junta Directiva, pidió una explicación en abril, pero en el acta del 24 de setiembre se quejó de no haberla recibido. Si a la fecha el informe fue entregado, todavía no se ha hecho público.
Entre el 2009 y el 2014, el pago de cesantía se duplicó de ¢10.500 millones a ¢20.300 millones. En el 2009, 1.093 trabajadores recibieron una media de ¢9,6 millones por cesantía. En el 2013, el promedio pagado a 902 funcionarios fue de ¢22 millones. El total y el promedio aumentarán en el 2016, cuando el nuevo beneficio alcance el límite previsto de 20 años.
La misma tomadura de pelo se produjo con las promesas de austeridad en otras materias. Siguiendo la recomendación de los notables, la Caja ofreció estudiar la forma de reducir las horas extraordinarias y las sustituciones de personal. Lejos de conseguir el objetivo, el gasto crece sin control. Entre enero y agosto, las horas extras costaron ¢27.000 millones, una quinta parte más que en el 2014. El personal sustituto exigió ¢22.000 millones, un aumento del 12% en relación con ese mismo año.
Varios directivos procuran justificar el aumento en los gastos. Son necesarios, dicen, para resolver el problema de las listas de espera. No es una explicación convincente. Las listas de espera existen desde hace décadas. Sucesivos aumentos del gasto no han logrado dar solución al problema, que persiste pese a las erogaciones del último año. ¿Garantiza la Caja el fin de las listas el año entrante, gracias al aumento en los gastos?
Por el contrario, podría argumentarse que las listas de espera y otras limitaciones de la Caja se deben a la sangría de recursos ocasionada por erogaciones irracionales, la mayor parte de ellas en la planilla. En el 2012, por ejemplo, la institución calculó en unos ¢42.000 millones anuales el ahorro resultante de la aplicación de un dictamen de la Procuraduría según el cual las incapacidades son un subsidio y no pueden ser consideradas salario para efectos de calcular aguinaldo, cesantía y otros beneficios.
El ahorro no solo sería producto de los pagos directos. Se le sumaría, también, la reducción de horas extras y sustituciones necesarias para mantener el servicio en una entidad cuyos trabajadores se incapacitan cinco veces más que los de la empresa privada. Con la aplicación del dictamen, las incapacidades cayeron drásticamente porque los “enfermitos” se sentían peor sabiendo que el subsidio, aunque sea del 100% del salario y no del 60%, como ocurre con los demás mortales, afectaría su aguinaldo y demás beneficios. El dictamen existía desde enero del 2000 y la Caja prometió aplicarlo en el 2011, año de la crisis. El ahorro perdido en más de una década de inaplicación de la ley, tan solo en el caso de este beneficio, pudo haber alcanzado para construir un hospital. El nuevo centro médico de Heredia costó unos ¢540.000 millones.
María del Rocío Sáenz, presidenta ejecutiva, niega la posibilidad de caer en aprietos como los experimentados en el 2010. Es difícil coincidir con ella cuando el gasto crece a pasos agigantados y las cifras de desempleo y empleo formal no auguran suficientes aumentos en los ingresos. Los problemas medulares conducentes a la crisis del 2010 no han sido resueltos, concluye el Estado de La Nación y, en cualquier caso, el gasto excesivo debe cesar porque constituye un abuso. Mucho se podría hacer con el dinero ahorrado. Cuando menos, evitar otra crisis.
