EscucharLa defensora de los habitantes, Montserrat Solano, está enfrentada con el sindicato de la institución, integrado por 76 de los 178 funcionarios a su cargo. Solano procura abrir las nuevas plazas a concurso público para dar oportunidades a más aspirantes y enriquecer el reclutamiento.
La iniciativa de Solano coincide con el interés nacional. Al país le conviene tener una Defensoría conformada por los mejores talentos, pero el sindicato espera mantener un sistema cerrado de concursos internos, bueno para sus miembros porque elimina la competencia de otros profesionales.
En una demanda planteada en la jurisdicción contenciosa administrativa, los sindicalistas argumentan una lesión a su derecho a hacer carrera administrativa. La reforma al Estatuto de Selección, Ascensos y Nombramientos promovida por la Defensora no impide la promoción de los funcionarios ya contratados. Solo los pone a competir con otros interesados para garantizar la mejor selección posible.
Los actuales funcionarios siempre llevarán ventaja, pues la experiencia en el ejercicio de sus cargos y la familiaridad con la materia asignada a la institución conllevan conocimientos específicos, difíciles de obtener en otra parte. Si aun así no consiguen ganar el concurso, será por una clara superioridad de los participantes externos. Excluirlos a priori para favorecer al personal existente es una práctica viciada, protectora de la mediocridad.
Los funcionarios públicos no son dueños de la institución donde trabajan. Lo dicho para la Defensoría es cierto en el resto del aparato estatal. El país ya tiene suficiente con las rigideces del Estatuto de Servicio Civil, a cuyo amparo muchos empleados estatales acusados de graves faltas solo sufren un traslado de cargo o suspensiones con goce de salario.
La burocracia debe nutrirse de los mejores talentos, reclutados con la misma rigurosidad aplicada en la empresa privada. Pretender lo contrario es condenar al país a mantener un aparato público ineficaz y endogámico, apto para perpetuar sus falencias e impermeable a nuevas ideas e iniciativas.
De 30 nombramientos hechos en los últimos seis años, solo dos se hicieron por concurso abierto porque entre los funcionarios de la Defensoría no había interesados en las plazas disponibles. Nadie participó en los dos concursos internos y la institución quedó en libertad de ofrecerlas al público.
Pero la defensora no solo aspira a mejorar la selección de funcionarios. También pretende fortalecer la diversidad dentro de la institución para reflejar mejor, en su personal, la rica composición de la sociedad costarricense con participación de afrodescendientes y discapacitados, entre otros grupos especialmente necesitados de apoyo frente a la discriminación.
Además, espera poner fin a los largos periodos de ocupación interina de las plazas, un objetivo que debería serles grato a los sindicalistas. El interino está siempre en posición de vulnerabilidad, lo cual es particularmente nocivo en entidades como la Defensoría, donde la independencia de criterio es indispensable. El cambio propuesto toma en cuenta a los funcionarios interinos mediante un transitorio a cuyo amparo podrán concursar por sus plazas de conformidad con las normas preexistentes. Hay unos 20 funcionarios en esa condición.
Solano también procura limitar los permisos sin goce de salario. Trece funcionarios laboraban en otras instituciones del Estado cuando la defensora asumió el cargo, el 22 de setiembre del 2014. Uno de los empleados tenía 12 años en esa situación. La nueva disposición, así como la publicidad de los concursos, fortalecerá a la Defensoría y esa es la labor para la cual Solano fue elegida.
