Durante los últimos años, el uso de tanques sépticos en el país, lejos de disminuir, ha aumentado; hoy abarca alrededor del 73% de los hogares. Como reverso, solo un 24% cuenta con servicio de alcantarillado. Pero disponer de alcantarillas no implica, en la mayoría de los casos, que las aguas se canalicen hacia plantas encargadas de reducirles su “carga orgánica” (heces y otros contaminantes). Al contrario, apenas un 4% de las aguas residuales reciben tratamiento antes de ir a parar a los ríos y otros cuerpos acuíferos. Como resultado, se genera una enorme contaminación de las cuencas hidrográficas, con graves efectos sobre el ambiente y la salud. A estos efectos hay que añadir los riesgos de filtración y contaminación de mantos acuíferos que representan los tanques sépticos mal construidos.
Cambiar esta situación y superar el enorme rezago de nuestro país en esta materia ha sido, por años, una preocupación de las autoridades sanitarias y ambientales. Pero las soluciones han tardado en materializarse, en parte por falta de recursos, pero, más aún, por inadecuada planificación, dificultades en los trámites y, como consecuencia, enorme lentitud en la ejecución de los proyectos.
Parte de la espera ya está a punto de concluir. Tal como informamos en nuestra edición del pasado lunes, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ha anunciado que, dentro de pocos meses, comenzará a funcionar la planta de tratamiento Los Tajos, en La Uruca. De inmediato comenzará a procesar las aguas residuales de 140.000 casas con alcantarillas integradas a la red de conectores y subconectores construida por AyA. El siguiente paso, esperamos que a muy corto plazo, será la incorporación al sistema de otras 125.000 viviendas.
El costo de las conexiones, en un rango que –según el caso– va desde ¢6.000 hasta ¢850.000, deberá ser cubierto por los propietarios. Una vez que el proceso haya concluido, se estima que poco más de un millón de habitantes de la Gran Área Metropolitana recibirán el servicio.
Es sumamente importante que AyA facilite en todo lo posible la incorporación de esos 125.000 hogares a la red. Aunque las características de los trabajos variarán según las condiciones, la entidad podría desarrollar diseños estándares y ponerlos a disposición de propietarios y operarios, lo cual agilizaría los trabajos y bajaría sus costos. También es importante explicar con claridad el esquema tarifario que incluye pagos por el alcantarillado, y realizar una intensa campaña persuasiva entre los abonados.
Las obras mencionadas son parte de una iniciativa denominada “Proyecto para el Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José”. Su principal fuente de financiación ha sido un crédito con tasas concesionales otorgado por Japón en el 2006, al cual se han sumado recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Nacional y AyA. Como es tan frecuente en nuestro país, el avance ha sido más lento de lo previsto, pero al fin ya veremos frutos.
A los 11 cantones que se beneficiarán con la planta Los Tajos cuando las conexiones de los alcantarillados operen (San José, Tibás, Moravia, Goicoechea, Montes de Oca, Curridabat, Desamparados, Alajuelita, Escazú, Vázquez de Coronado y La Unión), se unirán posteriormente localidades de Heredia y Alajuela. La cobertura se espera que beneficie entonces a 1,6 millones de habitantes. Además, permitirá recuperar la cuenca del río Tárcoles, la más contaminada del país.
El esfuerzo de alcantarillado y tratamiento de aguas debe continuar a la mayor velocidad posible. El rezago es enorme. No solo hay que concluir con celeridad la totalidad del proyecto metropolitano, sino también construir plantas de tratamiento en otras partes del país. Son obras que se ven poco, pero que resultan fundamentales para la calidad de vida de la población y para enmendar una falla en nuestra política ambiental que no debemos seguir arrastrando.
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