EscucharEl periodo entre la primera y la segunda ronda de elecciones no tiene por qué ser tiempo perdido. Los dos candidatos en contienda expresaron importantes coincidencias sobre proyectos de ley cuyo trámite legislativo podría ser expedito, si las fracciones de Liberación Nacional y Acción Ciudadana deciden compartir el consenso.
No se trata de proyectos menores o cosméticos. Luis Guillermo Solís y Johnny Araya están de acuerdo en la necesidad de reformar el reglamento legislativo, regular el uso de los recursos hídricos y modificar la Ley de Banca para el Desarrollo. En todos los casos existen textos redactados y muy discutidos en los últimos meses.
Los candidatos tienen por delante una intensa jornada. Apenas les alcanzará el tiempo para atender sus obligaciones de campaña, pero ambos deben reconocer que, de esta fecha al 6 de abril y más allá, hasta la inauguración de la nueva Administración, puede haber una oportunidad para promover legislación capaz de facilitar la labor del futuro Gobierno.
La actual Administración, en sus postrimerías, apenas cuenta con la palanca política suficiente para colaborar con los procesos de reforma. La iniciativa está en manos de los candidatos y sus partidos, como suele ocurrir en vísperas de un cambio de mando. Araya y Solís deben considerar la posibilidad de designar encargados de la agenda legislativa para facilitar el diálogo y coordinar con las bancadas la aprobación de los proyectos prioritarios.
Los diputados también se sentirán atraídos por la campaña. Su participación es un hecho completamente natural. Sin embargo, como bien lo señaló Solís, la labor legislativa es prioridad. Deben trabajar “en lo que les toca y para lo que les pagan”. Esa sería, también, su mejor contribución al buen desempeño del país y de la futura Administración, sea de quien sea.
Habrá, después de inaugurado el próximo Gobierno, temas polémicos, como la posibilidad de impulsar una reforma fiscal. La realidad económica del país la exige y los dos candidatos, junto a la mayoría de sus adversarios políticos en la pasada contienda, admiten la necesidad de procurar nuevos recursos.
El diablo estará en los detalles, pero en esta Administración quedó demostrada la posibilidad de conseguir acuerdos. El fracaso del proyecto de Solidaridad Tributaria se debió, a fin de cuentas, a un defecto formal y no a la imposibilidad de conseguir los votos necesarios para su aprobación en el plenario.
Entre Araya y Solís se erige como diferencia fundamental la promesa del segundo de no promover un alza en los impuestos durante los dos primeros años de su gobierno. Habrá tiempo para que Acción Ciudadana y su candidato valoren el realismo de esa posición de cara a un déficit fiscal que amenaza con alcanzar el 7% del producto interno bruto y desestabilizar una economía enfrentada a las dificultades del entorno internacional.
Sea dentro de dos años o de inmediato, de acuerdo con el resultado de las elecciones y los dictados de la realidad económica, un proyecto como ese será de difícil tramitación, y, mucho más, si no se aprovecha este momento para impulsar la reforma al reglamento interno del Congreso.
La reforma fiscal es un ejemplo, pero hay muchas iniciativas igualmente polémicas. Quien gane las elecciones tiene derecho a gobernar, y la consolidación de ese derecho está hoy en manos de los dos únicos costarricenses con posibilidad de lucir la banda presidencial. No se trata de gobernar sin respeto para las minorías ni sensibilidad para otros importantes sectores. En buena hora, ninguna de las propuestas de reforma al reglamento legislativo contempla el establecimiento de una dictadura de la mayoría.
Sin embargo, la Administración y otros grupos capaces de ejercer la iniciativa de ley tienen derecho a que sus diversas propuestas se voten.
Si los candidatos y sus partidos compartieran el sentido de urgencia y aprovecharan la oportunidad para plasmar sus coincidencias en leyes, el periodo entre votaciones se transformaría en una base firme para el desarrollo de las políticas de la futura Administración. El país lo necesita.
