La Constitución venezolana no es democrática. Se aprobó por mayoría, a instancia de un gobierno elegido en las urnas, pero responde a un diseño autoritario. Es producto de la deliberada confusión chavista entre democracia y ejercicio del sufragio. El sistema democrático no es la dictadura de la mayoría. Por el contrario, alcanza su plenitud con la protección de las minorías y los derechos individuales.
El bloque de constitucionalidad bolivariano está hecho para transferir a los gobernantes, por medio de las urnas, un poder excesivo. Mientras el sufragio cumplió esa función, los chavistas fueron felices. Tenían la mayoría requerida para legitimar, desde su torcida concepción del gobierno democrático, los peores abusos contra el legítimo ejercicio de la oposición política. También podían ajustar las leyes a su conveniencia.
La pérdida de la mayoría volcó el sistema en su contra. El único remedio es abandonar la armazón bolivariana, dar la espalda a su Constitución espuria, impedir el funcionamiento de la Asamblea Nacional y abandonar la predilección por el referendo como medio para resolver los temas fundamentales.
La permanencia de Nicolás Maduro en el poder, según la Constitución, debe ser decidida mediante referendo. El mecanismo era estupendo cuando los chavistas confiaban en su dominio de las urnas, pero esos tiempos pasaron.
Venezuela era un régimen autoritario tras el velo de su espuria legalidad. Ahora no queda ni el disimulo. Hace meses, cuando el secretario general de la OEA aseguró que Nicolás Maduro se convertiría en un dictador por negar a los venezolanos el “derecho de decidir su futuro político”, la transformación ya se había consumado.
No hay motivos para seguir fingiendo la legitimidad del régimen en medio de tantas violaciones a las garantías individuales, el encarcelamiento de los opositores, la represión de los manifestantes y el abandono de todas las formas y afectaciones empleadas hasta hace poco para aparentar legalidad. La invocación de la Carta Democrática de la OEA, planteada hace unos meses por el secretario general Luis Almagro, nunca estuvo mejor justificada.
La situación invita a los países comprometidos con los valores democráticos y los derechos humanos a manifestarse, pero el mismo gobierno costarricense que no pudo soportar el discurso del presidente brasileño en la Asamblea General de la ONU, solo es capaz de expresar “preocupación” por la situación de Venezuela, donde las protestas se multiplican y también las posibilidades de desenlaces lamentables.
Armando González es director de La Nación.
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