La maquinaria del Estado, operada por un puñado de dirigentes sindicales empeñados en defender privilegios, se movilizó para tender un velo de secreto sobre los salarios pagados por las instituciones autónomas con el dinero de todos. La Sala Constitucional, apegada al derecho a la información y a elementales principios de transparencia democrática, había declarado la publicidad de los datos.
Cuando La Nación informó de las planillas, sin mencionar siquiera el nombre de los funcionarios, se desató una ola de indignación nacional. Era urgente silenciar a la prensa y los sindicalistas recurrieron a la propia Sala IV para intentar revertir la jurisprudencia.
Eso bastó para que las instituciones autónomas y el Sicere, departamento de la Caja Costarricense de Seguro Social donde se manejan las planillas, se negaran a revelar nuevos datos, pese a la insistencia de los periodistas. La excusa es el recurso pendiente de resolución, pero el secreto viola la jurisprudencia vigente, cuya modificación no se ha producido y tampoco parece probable.
El menoscabo a la autoridad de la Sala Constitucional es evidente. Con la sola presentación de un nuevo recurso y sin necesidad de un pronunciamiento de los magistrados, el flujo de información cesó y la ciudadanía quedó, de nuevo, sumida en la ignorancia respecto de asuntos de primordial interés público.
Las instituciones respondieron al unísono al llamado de imponer el silencio, porque el dictado de los defensores del privilegio beneficia a otros sectores, igualmente opuestos a permitir la discusión pública. Lo importante es sustraer la información del debate y condenarnos a discutir sobre cifras cuyo significado es difícil de comprender.
No es lo mismo hablar de cientos de miles de millones de endeudamiento y déficit, un dato prácticamente abstracto por su enormidad, que señalar los gastos específicos, generadores de los grandes números.
En el marco de nuestra realidad económica, es imposible justificar el pago de más de ¢1 millón a un chofer o la estratosférica diferencia de salario entre un conserje del Gobierno Central y uno tocado por la varita mágica del sector privilegiado del aparato estatal.
El acelerado y eficiente despliegue del velo de secreto, con total arbitrariedad y a contracorriente de la jurisprudencia en buena hora dictada, no deja duda de lo mucho que es preciso ocultar para mantener a la ciudadanía en la ignorancia de los abusos cometidos en su contra, pero la verdad de todas formas saldrá a relucir.
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