Australia es un buen ejemplo del equilibrio entre las grandes firmas tecnológicas y la sostenibilidad de los medios de comunicación, esenciales para la fortaleza democrática de los países.
El gobierno de Australia instauró en el 2018 una comisión que determinó que había un marcado desequilibrio de poder en favor de las tecnológicas: de cada $100 gastados en publicidad, $53 los obtenía Google, $28 Facebook y el resto se lo distribuían entre los demás.
Por otra parte, una encuesta de Reuters, del 2020, reveló que el 52 % de los australianos utilizaban las redes sociales como fuente de noticias.
La comisión recomendó proponer una nueva legislación, que obligara a los gigantes tecnológicos a pagar a los medios de comunicación por difundir sus contenidos noticiosos.
Uno de los puntos interesantes de este caso fue la reacción distinta de las dos más grandes compañías. Google optó por una multimillonaria negociación con el grupo News Corp, de Rupert Murdoch, mediante la cual se reconoce el pago de una licencia por el uso de los contenidos.
Facebook, por su parte, decidió bloquear todos los contenidos de noticias, incluidos los sitios gubernamentales, de salud y emergencias, lo cual provocó la indignación y malestar de los australianos, quienes hicieron un llamado a boicotear a la compañía.
Eso hizo ceder al grupo liderado por Mark Zuckerberg, y este prometió restaurar el acceso a las noticias e información y participar con propuestas en el proceso legislativo. Se desconoce cuál es su contribución económica.
Lo sucedido en Australia podría constituirse en un significativo precedente que ayudaría a hacer un contrapeso entre las tecnológicas, que acaparan los fondos publicitarios, y los medios de comunicación, que invirtiendo en contenido les generan tráfico a las primeras sin un reconocimiento económico.
Este antecedente es un buen punto de partida, pero insuficiente, pues no garantiza que los medios de comunicación pequeños y locales, con menor músculo de negociación, reciban una justa compensación.
Lo ideal es que así como existen marcos regulatorios globales en otras industrias se promueva uno de carácter general, en juego está la sostenibilidad de la prensa, vital línea de defensa democrática.
La autora es politóloga.