Por: Nuria Marín Raventós 22 junio, 2014

En todas las actividades hay reglas de comportamiento colectivo e individual, a las que, de una manera más seria, se les puede llamar “reglas de protocolo”. Así, ahora que estamos en el Mundial de Fútbol, si un jugador está lesionado, los del bando contrario lanzan la bola fuera del campo y el equipo del lesionado devuelve el balón al hacer el saque. Esto no es parte de las reglas de la FIFA, pero es tan fuerte como si fuera una de ellas.

En política también existen esas reglas que manda el protocolo. Una de ellas es que quien deja la presidencia de la República se tome varios meses antes de criticar o censurar actuaciones del nuevo Gobierno. Esto es así para dar un espacio, a fin de que quien inicia implemente los cambios que implica la llegada de un nuevo Gobierno. Pero, además, es incluso estratégico: evitar que se promuevan comentarios más vehementes contra la Administración saliente como respuesta a sus prematuras críticas.

Por esa razón, resulta altamente criticable que la expresidenta Chinchilla no esperara a que transcurriera un mes calendario para criticar a la Administración Solís por derogar una directriz en materia tributaria. Sorprende que casualmente fuera con este tema, pues, si quería hacerse sentir, habría sido más legítimo reaccionar frente al ataque a la Red de Cuido –para muchos, el punto alto de su gobierno–.

Sin embargo, criticó un cambio en materia de conciliaciones por disputas tributarias, ante una directriz suya que poco o nada ayudó al fisco, porque, con dos años de vigencia, ni se recobraron más impuestos ni se aumentaron las condenas. En otras palabras, completamente inocua. Además, lo definido por las nuevas autoridades no implica la conciliación en beneficio de nadie, pues, como es la regla en la doctrina del derecho, hay, o no, arreglo a criterio de las partes: en este caso, el Estado, una de ellas.

De ahí que el regreso tan inoportuno de doña Laura se ve más como una acción revanchista contra un medio, lo cual es extraño porque, si en cuatro años de su administración no pudo formalizar acusación alguna, es cuestionable que espere que lo haga su sucesor.

En realidad, el caso que desvela a la exmandataria es complicado, dado que el contribuyente pagó, como lo ha reconocido la Procuraduría, lo cual dificulta la acción del Ministerio Público para justificar el dolo necesario para el tipo penal, pero, además, pondrá en apuros al Gobierno, pues debe justificar por qué se dejó el dinero del pago y no lo acreditó o devolvió. En síntesis, tan censurable es no pagar impuestos como usar el sistema tributario para cobrar facturas no tributarias.

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