La decisión fue unánime, buena señal de compromiso legislativo. El miércoles, los 51 diputados y diputadas presentes dieron su voto para establecer una comisión especial de reformas a nuestro sistema político y electoral. Su objetivo, que transcribo tras someterlo a corrección de estilo, es “estudiar, analizar, proponer y dictaminar proyectos de ley relacionados con la estructura institucional, el sistema político y electoral costarricense”. Lo abre aún más con la frase “así como las que considere oportunas”.
El mandato es trascendente y oportuno. Si existiera alguna duda, un dato de la encuesta del CIEP-UCR, divulgada el mismo día, basta para despejarla: apenas el 21 % de la muestra dijo simpatizar con algún partido. Pero el mandato es también excesivamente amplio, y hasta ambiguo, por lo que la comisión podría naufragar si no es capaz de acotar, calendarizar y sistematizar su trabajo.
¿Como hacerlo? Me atrevo a plantear cuatro sugerencias. La primera es concentrarse en las reformas electorales, sobre todo tres proyectos planteados hace meses por el TSE, y evitar la tentación de abordar la “estructura institucional” y el “sistema político” antes de cumplir la primera tarea, más urgente, específica y viable. Las propuestas del Tribunal buscan mejorar el modelo de financiamiento electoral, fortalecer la representatividad e institucionalidad de los partidos y regular las nuevas formas de propaganda. No son perfectos, pero con ajustes mínimos podrán introducir mejoras indispensables en los tres ámbitos.
Mi segunda sugerencia es crear un grupo técnico externo, con presencia del TSE, que sirva como foro de consulta y “cable a tierra” a los siete miembros de la comisión. La tercera: trabajar con agilidad para completar el conjunto de reformas electorales antes de que venzan los 12 meses de plazo (aunque sean prorrogables) y comiencen los fuegos hacia la campaña del 2026.
Y mi llamado final consiste en asumir con gran prudencia, realismo y lectura fina del entorno los proyectos que eventualmente surjan sobre el sistema político o institucional. Antes de cualquier decisión legislativa al respecto se requiere una discusión nacional de gran calado y seriedad. Pero estamos muy lejos de ella, y nada indica que habrá mejoras a corto o mediano plazo. No quememos etapas.
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X (antes Twitter): @eduardoulibarr1
El autor es periodista y analista.
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