EscucharFue en 1929 cuando, en actividades de la Asociación Revolucionaria de Cultura Obrera, Carmen Lyra propuso la creación legal de una junta o patronato del niño. Su idea fue bien acogida por la prensa e impulsada por Luis Felipe González Flores.
Un año después, Cleto González Víquez firmó la ley de creación del Patronato Nacional de la Infancia, “institución destinada a velar por la conservación, desarrollo y defensa del niño”.
En 1949, la Asamblea Nacional le dio rango constitucional en el artículo 55, que dice: “La protección especial de la madre y el menor estará a cargo de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de otras instituciones del Estado”.
De ahí, deriva su mandato en dos grandes áreas: la protección especial, de acción inmediata (atención de urgencias) y detección de riesgos, y la protección integral ejercida por la rectoría en coordinación con las demás instituciones para el resguardo y promoción de los derechos de niños y adolescentes (prevención y promoción, lo cual incluye patrones de crianza y estilos de vida).
El mandato del PANI está claro, pero la falta de dirección superior ha hecho que no esté cumpliendo sus fines a satisfacción por falta de prioridades y especialización de los programas, y que, como lo indicó el año pasado su auditora ante una comisión legislativa, “falle en cada una de las etapas de atención de denuncias sobre posible maltrato o situación de riesgo para niños” (La Nación 17/10/2019).
Norte perdido. A falta de dirección superior, encontramos funcionarios desgastados, atiborrados de trabajo, sin prioridades.
Con justa razón, la ciudadanía clama una protección especial más eficaz para que ningún niño o adolescente sea visto en las calles vendiendo tiliches, mendigando, drogado o siendo víctima de explotación sexual comercial, y, menos aún, siendo agredido o asesinado en su entorno.
Es la urgencia: revisar las denuncias acumuladas en los escritorios, catalogarlas por gravedad, definir prioridades y atenderlas lo antes posible. ¡Que ningún niño más fallezca esperando la acción del PANI! Como lo demostró ayer en un artículo la editora de estas mismas páginas, Guiselly Mora, bastaría con distribuir adecuadamente el tiempo laboral de los empleados para atender en forma inmediata cada denuncia recibida.
Pero no por atender lo urgente debe dejarse de lado el fundamental trabajo de políticas públicas para la protección integral, promoción de derechos y prevención.
Autoexamen. En medio de la crisis que desata la pérdida de credibilidad institucional ligada al desempeño y la renuncia de la presidenta ejecutiva, debe hacerse un alto en el camino para una evaluación interna que permita tomar el camino correcto en beneficio de los niños y adolescentes.
Es necesario determinar los “nudos” donde se pegan los procesos; armar equipos vocacionales para dar protección especial y protección integral; eliminar el papeleo innecesario; detectar necesidades de capacitación y de recursos de apoyo; afrontar los riesgos laborales; y restablecer la coordinación con instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales.
Los informes de gestión y de Auditoría Interna han clarificado algunos riesgos y problemas; la búsqueda de soluciones debe darse con el concurso de los funcionarios, sin los cuales ningún cambio es posible.
No se puede pretender resultados diferentes haciendo lo mismo. Urge que el PANI cumpla satisfactoriamente el importante mandato constitucional que le fue encomendado.
La autora es especialista en salud pública.
