EscucharAl asumir el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia, en agosto del 2018, me comprometí a impulsar las medidas para fortalecer y modernizar el Poder Judicial, en vista de los retos existentes y en cumplimiento de lo dispuesto en un acuerdo tomado por la Corte Plena 10 meses antes de mi elección.
En este se recogían las aspiraciones expresadas por los magistrados después de la grave crisis del 2017 en el Poder Judicial.
Se trata de tareas pendientes que la presidencia no ha postergado, pero que en la pandemia ceden por asuntos urgentes que deben resolverse con el fin de garantizar la continuidad del servicio de justicia.
La pandemia nos impuso otra agenda impostergable. Empero, no quitaré el dedo del renglón respecto de este compromiso, porque asumimos una ineludible obligación para con la ciudadanía.
En el mandato de la Corte Plena se dispuso la elaboración de 22 propuestas a cargo de 10 comisiones. A diciembre del 2019, estaban aprobadas 14 y entregados 8 proyectos pendientes de discusión y análisis en la Corte Plena. Restan discusiones sobre cuestiones relevantes para el sistema judicial, como la elección de magistrados propietarios y suplentes, asunto políticamente vidrioso, complejo, pero desde nuestra posición, con la experiencia de vivir la elección y ratificaciones ante el Parlamento, tenemos mucho que decir sobre un dominio reservado, como lo califica el Tercer informe estado de la justicia.
De igual forma, una materia tan relevante como el gobierno judicial requiere un análisis pausado y generoso que propicie cambios estructurales que aceleren y eleven la eficiencia de la función administrativa del sistema judicial. Dos aspectos centrales que deben discutirse con sinceridad y sin temores, donde prevalezca la voluntad mayoritaria de los magistrados.
Cualquiera que sea la decisión, reflejará la voluntad del máximo órgano de dirección del Poder Judicial, pues son temas prioritarios e ineludibles, según lo expresó la misma Corte Plena.
Documentos. Entre las propuestas aprobadas por las diferentes comisiones en función, están la Guía general del procedimiento disciplinario administrativo, el Manual de régimen disciplinario, las Reglas prácticas del Tribunal de la Inspección Judicial, el Código de Ética, el Reglamento para la evaluación del desempeño y el Reglamento para la prevención, identificación y la gestión adecuada de los conflictos de intereses del personal en el Poder Judicial.
Asimismo, en setiembre del 2018, se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de carrera fiscal, cuyo expediente es el número 20978.
La carrera fiscal es indispensable; la designación de fiscales debe ajustarse a exigencias constitucionales, mediante procedimientos de selección que tomen en cuenta los méritos de los aspirantes y según criterios y procedimientos objetivos.
Es inconveniente que un órgano tan relevante en la institucionalidad del país, con más de 500 fiscales, tenga un sistema de nombramientos que no responde a definidos criterios de objetividad y meritocracia.
Análisis externo. El Tercer informe estado de la justicia y los anteriores surgen de un convenio firmado por el Poder Judicial y el Consejo Nacional de Rectores, que afianza el compromiso institucional con una “cultura institucional abierta”.
El Poder Judicial de forma voluntaria se somete y colabora brindando la información y los datos necesarios para ser evaluado por un centro especializado e independiente, con una amplia trayectoria en investigación y formación, algo inédito en América Latina.
El Informe estado de la justicia es una práctica democrática inusual en el ámbito de las administraciones de justicia. La evaluación desde fuera de la institución es la mejor ruta para que la función judicial mejore mediante un examen ajeno a nuestros intereses o sesgos.
El tercer informe es una evaluación crítica de la institución, principalmente en el período comprendido entre los años 2017 y 2018. Hay una coincidencia entre este último informe sobre la justicia y las aspiraciones de los magistrados expresadas después de la crisis del 2017, porque resalta, especialmente, interrogantes sobre el sistema de elección de magistrados y sobre la hipertrofia que se aprecia en el gobierno y la administración del Poder Judicial.
Esta es una feliz coincidencia. Los expertos confirman que estas dos preocupaciones expresadas en plena crisis son pertinentes; son oportunas. Así, ya tenemos una hoja de ruta, la cual definieron los miembros de la cúpula judicial y los hallazgos del Tercer informe estado de la justicia.
Mejorar los plazos de resolución de los procesos es uno de los retos más grandes para el Poder Judicial, y en el cual se trabaja a diario para garantizar la anhelada justicia pronta, cumplida y de buena calidad.
Cambios internos. Es una tarea que nunca termina. Por ello, se creó el Plan de Mejora del Proceso Penal, el Protocolo institucional de rediseño de procesos en 125 despachos judiciales y el modelo de sostenibilidad para dar seguimiento a indicadores de gestión.
Asimismo, se ha potenciado aún más el uso de herramientas tecnológicas, como el expediente digital, la posibilidad de presentar demandas y escritos por vía electrónica, las notificaciones electrónicas cuyos beneficios hemos visto en la emergencia sanitaria de la covid-19. Precisamente hace unas semanas en estas páginas compartí algunos resultados.
Tenemos un ineludible compromiso con valores esenciales, tales como la participación ciudadana, la democratización interna, la probidad, la celeridad y el fortalecimiento de la independencia judicial, no solo en el juzgamiento, sino también como factor de equilibrio en el diseño de los poderes del Estado.
La multiplicidad de funciones de un poder judicial que realmente cumpla su papel como poder genuino en un Estado social y democrático de derecho enfrenta dificultades de variada índole, incluidos, en algunos casos, el debilitamiento de la independencia judicial en los actos y decisiones de otros poderes.
Muy bien expresa el editorial del 25 de junio que el máximo órgano de dirección judicial debe “desembarazarse de funciones administrativas o de relaciones derivadas de esas tareas”.
Es una decisión que debe adoptar la cúpula judicial; desde la presidencia estimo que la estructura administrativa de la Corte requiere una reforma que abandone la vetusta verticalidad en la cual vive el sistema judicial desde la Constitución de 1871. Empero, será el colegio de magistrados el que deberá adoptar ese compromiso histórico tan relevante.
Mi responsabilidad como presidente de la Corte, primus inter pares, no admite que me acomode a las condiciones creadas por el paso del tiempo, y deje que se desvanezcan los propósitos de enmienda expresados cuando se produjo la grave crisis en el 2017; no cabe el disimulo o la miopía ante compromisos que se asumieron y que precisan una respuesta prudente y firme del Poder Judicial.
Un mejor gobierno judicial asegura la democracia real y fortalece nuestra institucionalidad. La visión crítica de nuestra estructura organizacional, las debilidades en la designación de magistrados y el fortalecimiento de la carrera judicial son retos que debemos abrazar todos los funcionarios judiciales, especialmente los magistrados.
La presidencia se debe a la democracia interna, debe propiciar el debate y el análisis, y acatar la voluntad que exprese un gobierno colegiado como la Corte Plena.
Podemos tomar el camino hacia el cambio, esa es una vía, o una posición conservadora y reformar lo superficial sin cambiar lo esencial.
El autor es presidente de la Corte Suprema de Justicia.
