EscucharNUEVA YORK– La globalización se hizo mala reputación estos últimos años, y a menudo por buenas razones. Pero algunos críticos, en particular el presidente estadounidense, Donald Trump, atribuyen mal las culpas y urden una imagen falsa en la que Europa, China y los países en desarrollo embaucaron a los negociadores comerciales de Estados Unidos para que aceptaran malos acuerdos que causaron los problemas actuales de los estadounidenses.
Es una afirmación absurda: al fin y al cabo, fue Estados Unidos, o mejor dicho, su sector corporativo, el que escribió las reglas de la globalización, en primer lugar.
Dicho eso, hay un aspecto particularmente tóxico de la globalización que no recibió la atención que se merece: la elusión fiscal corporativa. A las multinacionales les resulta muy fácil trasladar oficinas centrales y producción a alguna jurisdicción que cobre los impuestos más bajos. En algunos casos, ni siquiera necesitan reubicar sus actividades comerciales, pues les basta con cambiar el modo de llevar el registro contable de sus ingresos.
Starbucks, por ejemplo, puede seguir expandiéndose en el Reino Unido (RU) y no pagar casi ningún impuesto británico porque, según dice, sus ganancias en ese país son mínimas. Pero si fuera cierto, entonces, esa expansión no tendría sentido.
¿Por qué aumentar la presencia en un lugar donde no hay ganancias? Obviamente, ganancias hay, lo que pasa es que se transfieren desde el RU a jurisdicciones de baja tributación en la forma de regalías, comisiones de franquicia y otros gastos.
Esta forma de elusión fiscal se ha convertido en un arte que las empresas más hábiles —por ejemplo, Apple— dominan. Los costos agregados de esas prácticas son enormes. Según el Fondo Monetario Internacional, los Gobiernos pierden, cuando menos, $500.000 millones al año como resultado del traslado de base imponible corporativa al extranjero.
Gabriel Zucman, de la Universidad de California en Berkeley, calcula que un 40 % de las ganancias en el extranjero de las multinacionales estadounidenses se transfieren a paraísos fiscales. En el 2018, sesenta de las quinientas empresas más grandes (incluidas Amazon, Netflix y General Motors) no pagaron impuestos en Estados Unidos, pese a que en conjunto declararon ganancias —en todo el mundo— por unos $80.000 millones. Estas tendencias tienen un efecto devastador en la recaudación tributaria de los países y provocan en la opinión pública una sensación de injusticia.
Desde la crisis global del 2008, que dejó muchos países en condiciones financieras terribles, hay una creciente demanda por que se reconsidere el régimen mundial para la tributación de las multinacionales. Hay una iniciativa interesante de la OCDE sobre erosión de la base imponible y traslado de ganancias (BEPS, por sus siglas en inglés) que ya produjo beneficios significativos al frenar algunas de las peores prácticas, por ejemplo, las relacionadas con los préstamos de dinero entre filiales. Pero, como muestran los datos, los esfuerzos actuales todavía son insuficientes.
El problema básico es que la iniciativa BEPS solo introduce parches en un statu quo que es fundamentalmente defectuoso e incorregible. Con el “sistema de precios de transferencia” generalmente usado, dos filiales de la misma multinacional pueden intercambiar bienes y servicios a través de las fronteras y, después, en el momento de declarar ingresos y ganancias con fines impositivos, usar el principio de “independencia” (valoración at arm’s length), por el cual esos intercambios se contabilizan con el precio que hubieran tenido de haberse efectuado en un mercado competitivo.
Por razones obvias, este sistema nunca funcionó bien. ¿Cómo se le pone precio a un auto sin motor o a un vestido sin botones? No hay precios “independientes” ni mercados competitivos a los cuales una empresa pueda hacer referencia. Y las cosas se complican todavía más en el creciente sector de los servicios: ¿Cómo se le pone precio a un proceso de producción sin contar los servicios gerenciales provistos por la oficina central?
La capacidad de las multinacionales para aprovecharse de los precios de transferencia aumentó a la vez que crecieron el comercio intraempresa, el intercambio de servicios en vez de bienes, la importancia de la propiedad intelectual y la habilidad misma de las empresas para explotar el sistema. Resultado: traslado transfronterizo de ganancias a gran escala y menor recaudación impositiva.
Es muy significativo que a las empresas estadounidenses no se les permita usar precios de transferencia para trasladar ganancias dentro de Estados Unidos, ya que eso implicaría fijar precio a los bienes una y otra vez conforme estos cruzan las fronteras entre estados.
En vez de eso, las ganancias de las corporaciones estadounidenses se asignan a diferentes estados según una fórmula que tiene en cuenta factores como la nómina de personal, las ventas y los activos de la empresa en cada uno de los estados. Y, como muestra la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (de la que soy miembro) en su última declaración, esta es la única modalidad que funcionará en el mundo.
En tanto, la OCDE está próxima a publicar una propuesta valiosa que puede llevar el marco actual un poco en esa dirección. Pero si lo que se dice de su contenido es correcto, todavía no será suficiente. De adoptarse, a la mayor parte de los ingresos de las corporaciones se les seguirá aplicando el sistema de precios de transferencia, con una fórmula para la asignación de un “remanente” (residual). El argumento para esta división no está claro, como mucho, es la consagración del gradualismo por parte de la OCDE.
Al fin y al cabo, las ganancias corporativas declaradas en casi todas las jurisdicciones ya incluyen deducciones por el costo del capital y los intereses. Estas deducciones son “remanentes” (ganancias puras) que surgen en forma conjunta de las actividades mundiales de las multinacionales. Por ejemplo, según la Ley de Rebaja de Impuestos y Empleo estadounidense, del 2017, se puede deducir el costo total de los bienes de capital y una parte de los intereses, lo que permite una declaración total de ganancias considerablemente menor a la ganancia económica real.
En vista de la magnitud del problema, es evidente que necesitamos un impuesto mínimo global para poner fin a la competencia impositiva entre países (que solo beneficia a las corporaciones). No hay pruebas de que un nivel general de impuestos menor aumente la inversión (claro que si un país reduce sus impuestos en comparación con otro puede “robarle” algo de inversión, pero esta estrategia de “empobrecer al vecino” no funciona en forma global).
Hay que fijar un impuesto mínimo global en un nivel comparable con el promedio actual efectivo del impuesto de sociedades, que es alrededor del 25 %. De lo contrario, las alícuotas mundiales del impuesto corporativo convergerán hacia el mínimo y lo que se previó como una reforma para aumentar la tributación de las multinacionales tendrá el efecto exactamente contrario.
El mundo enfrenta diversas crisis, entre ellas el cambio climático, la desigualdad, la desaceleración del crecimiento y la obsolescencia de las infraestructuras, que no podrán resolverse a menos que los Gobiernos cuenten con recursos suficientes. Por desgracia, las propuestas actuales para la reforma de la tributación global son insuficientes. Hay que obligar a las multinacionales a hacer su parte.
Joseph E. Stiglitz: premio nobel de economía, es profesor distinguido de la Universidad de Columbia y economista principal en el Roosevelt Institute. Su libro más reciente se titula “People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent” (La gente, el poder y las ganancias: un capitalismo progresista para una era de descontento).
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