EscucharEl tema de la elección de los magistrados ha saltado a la palestra en las últimas semanas a raíz de la investigación legislativa sobre el caso del cemento chino. Ya era hora de que existiera la posibilidad real de modificar sustancialmente el sistema vigente, el cual está plagado de errores y de omisiones.
Para comenzar, hay que elevar la edad a los 50 años, a fin de lograr dos cosas: que los magistrados nombrados se encuentren en plena madurez jurídica y emocional y su situación económica ya sea desahogada.
Con ambas situaciones lograremos lo que históricamente consiguió el Privy Council de su majestad en Inglaterra: que los mejores abogados del país, ya sean litigantes o funcionarios judiciales, compitan por ser magistrados, dado que el acceso a ese cargo constituye la culminación de su carrera. La experiencia solo se adquiere, como es público y notorio, con el pasar de los años, y en materias jurídicas, la mayoría de las veces, tiene más valor la madurez intelectual y de juicio que el conocimiento jurídico propiamente dicho.
Lógicamente, habría que exigir experiencia judicial o como litigante de al menos 15 años.
Límite. En segundo lugar, se debe limitar el período de nombramiento a seis años, pero con la posibilidad de una sola reelección, de manera que la Corte se esté renovando constantemente. Eso es bueno no solo por razones éticas, sino también para que la jurisprudencia pueda estar renovándose.
El tercer elemento es cómo deben escogerse. En algunos países, se eligen por terceras partes entre los tres poderes. En otros, se da participación a las universidades y a los colegios de abogados.
Me parece que tal vez se podría adoptar el siguiente sistema: que el Colegio de Abogados, la reunión de las Facultades de Derecho y la Corte Suprema de Justicia envíe cada uno de ellos una terna a la Asamblea Legislativa y esta tenga necesariamente que elegir entre uno de los nueve candidatos propuestos siguiendo el mismo procedimiento de selección que en la actualidad.
De esa forma se lograría un equilibrio saludable entre la nominación de técnicos por organismos especializados en materias jurídicas y la designación política de los magistrados por parte de la Asamblea Legislativa.
Lo importante es que esta ya no tendría la ilimitada discrecionalidad que tiene ahora, sino que debería ejercerla solo respecto de los nueve candidatos que le impongan órganos especializados en materia jurídica.
Me parece que con estos cambios lograríamos tener una Corte integrada por magistrados bien preparados jurídicamente, con alto grado de madurez y sin la comodidad de saberse elegidos indefinidamente.
Rubén Hernández Valle es abogado.
