EscucharUn joven de 16 años me expresó recientemente: “Me siento solo y triste”, y se puso a llorar. Ver esta escena me hizo reflexionar que tales manifestaciones cuando son ocasionales se consideran parte del proceso de ajuste a los numerosos cambios que afrontan los adolescentes; sin embargo, en la actualidad, son el reflejo de la debilidad de las estructuras de apoyo.
Cuando hablamos de estructuras, nos referimos, en primer lugar, a la familia; seguido por los sistemas educativos, de salud y de protección; y finalmente, a la comunidad y las Iglesias.
Lamentablemente, un 40 % de los niños y adolescentes viven en pobreza en Costa Rica, un dato inequívoco de la precaria estabilidad familiar. Además, de los poco más de 1,5 millones de mujeres que son madres, un 43,7 % carga sobre sus hombros la jefatura del hogar, y solo el 37,6 % cuenta con un empleo remunerado. Un 16,8 % está en pobreza no extrema y un 7,7 %, en pobreza extrema, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Los reportes del Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio Público sobre el aumento significativo de la violencia intrafamiliar ponen de relieve las debilidades que afrontan las familias.
Educación y salud. Si bien la tasa de escolaridad aumentó de un 48,1 % en el 2018 a un 62,7 % en el 2022, paradójicamente, debido a los rezagos, esta generación es considerada la menos preparada.
El panorama se agrava en vista de la poca claridad sobre cuáles serán las medidas que tomará el MEP a corto, mediano y largo plazo, que deberían incluir la evaluación del paradigma educativo actual, basado casi exclusivamente en resultados académicos.
Los espacios de socialización a través del deporte, el arte, la política estudiantil, los periódicos juveniles o los clubes son esenciales para la integración y contención de los escolares.
No todo depende de destacar en las materias STEM, necesarias en el mundo moderno, pero deben complementarse si queremos ciudadanos integralmente formados y, sobre todo, felices.
El programa de becas Avancemos, del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), es básico para prevenir la exclusión escolar; sin embargo, en el 2023, solamente atendió a un 31 % de la población que las requiere y dejó desprotegidos a 122.849 estudiantes por falta de presupuesto.
Adicionalmente, solo el 39 % de los estudiantes de 18 a 24 años que terminan la secundaria ingresan a una universidad, y, para cerrar el círculo perverso, el presupuesto para educación del 2024 se redujo a un 5,2 % del PIB.
Los adolescentes y jóvenes se encuentran entre la población más desprotegida en términos de salud, con apenas el 33 % cubierto por la CCSS. Insistentemente, se ha llamado la atención sobre el debilitamiento de un exitoso programa de atención integral en salud para los adolescentes, establecido en la década de los 80 por la misma CCSS, y la incomprensible resistencia institucional a reactivarlo, pese a la aprobación en el 2018 por la Junta Directiva de la política institucional de adolescencia.
La salud de los adolescentes y jóvenes tiene sus especificidades, pero se encuentra abandonada, así como la prevención.
La situación se agrava conforme crece la demanda causada por los problemas de salud mental, ya que la institución no está preparada para dar una respuesta adecuada a la población más afectada. Un ejemplo es que el mayor aumento en el número de intentos de suicidio y de suicidios del 2019 al 2023 se registró en personas de entre 15 y 24 años.
Por otro lado, el Sistema Nacional de Protección, liderado por el Patronato Nacional de la Infancia, ha desatendido también a la población adolescente y a las familias en condición de vulnerabilidad social. Incluso la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036 evidencia grandes vacíos para atenderlos.
Trabajo comunal. Como nunca antes, las comunidades deberían desempeñar un papel estratégico en el trabajo con adolescentes y jóvenes, pero desgraciadamente, en el debate de las elecciones municipales, los problemas juveniles no fueron tomados en cuenta.
A escala cantonal, es mucho más fácil prevenir la expulsión escolar, el sicariato y el consumo y tráfico de drogas, además de poder identificar qué tipo de apoyo necesitan las familias e involucrar a los jóvenes en proyectos comunales.
Rescatar y crear espacios seguros para la práctica de deportes, el arte y la participación social, como iniciativa de las municipalidades, es un formidable factor protector.
Que los sicarios tengan entre 18 y 24 años y la primaria incompleta, la gran mayoría de ellos, debería ser un urgente llamado de atención, al igual que, una vez en el mundo del crimen organizado, no sobrevivan más de dos años.
Las Iglesias han cumplido un papel fundamental históricamente en favorecer la congregación juvenil, un proceso esencial en el desarrollo saludable. Si bien la participación en grupos religiosos viene en picada, diversas investigaciones revelan que siguen siendo la primera opción como alternativa grupal.
Esta función, independientemente de las creencias, debería ser promovida, por constituirse en otro factor protector.
La comparación de Costa Rica con la situación en Ecuador no deja de ser justificada. Que el país suramericano haya pasado de una tasa de homicidios de 7,8 por cada 100.000 habitantes en el 2020 a 40 en el 2023 debería servirnos de espejo para lo que hemos dejado de hacer.
Repasar la situación de los jóvenes pone en perspectiva la expresión del adolescente de 16 años que me dijo que se siente solo y triste, porque va más allá de su situación personal y familiar: es el grito desesperado de los adolescentes y jóvenes.
Actuar se vuelve un imperativo ético tanto para el Estado como para la sociedad, si queremos cambiar el negativo pronóstico del país.
Alberto Morales Bejarano es médico pediatra, fue fundador de la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños y su director durante 30 años.
